Ocho estados y sus respectivos fiscales generales anunciaron dos demandas para bloquear acuerdos de la administración Trump que destinaron US$1400 millones para cancelar cuatro proyectos eólicos marinos. Según lo explicaron la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la fiscal general de dicho estado, Letitia James, seguirán adelante con la coalición para impugnar los pagos recibidos por Bluepoint Wind e Invenergy a cambio de cancelar sus proyectos de energía eólica marina.
El avance de la energía eólica marina
Según los datos de los especialistas en Nueva York, las cancelaciones de los proyectos afectan directamente a la cobertura planificada para la demanda eléctrica del estado, que crecerá un 8 % para 2030 y un 24 % para 2040. En gran medida, el salto se daría por la incorporación del consumo de los centros de datos y por las nuevas cargas ligadas al desarrollo económico en general.
En el comunicado de la Oficina de la Gobernadora explican que la energía eólica marina será necesaria en el momento que se oficialice el retiro de los generadores de combustibles fósiles que ya en su mayoría alcanzaron el final de su vida útil. Como resultado, se podría ver un impacto importante en la escasez eléctrica por conexión en la red eléctrica y mayores costos para los consumidores locales.
El reclamo generalizado contra el gobierno federal
En su última declaración oficial, Kathy Hochul confirmó que los ocho estados seguirán adelante con las demandas judiciales contra el freno a los proyectos de energía eólica marina. Estas obras canceladas iban a conectarse directamente con redes eléctricas y, en el caso de Nueva York, se conectarían a la red de la ciudad de Nueva York, mientras otros dos contratos de Invenergy cubrirán costas en distintos puntos de EE. UU. En cuanto a números, se habrían generado más de 8 GW de electricidad que servirían para alimentar hasta a 4 millones de hogares.
Respecto a lo que involucra a Nueva York, los dos principales proyectos cancelados en este estado representaban una inversión de US$16 000 millones y la creación de más de 2500 puestos de trabajo en todo el territorio, por lo que ven un golpe para la economía, la energía y para el medioambiente en general.
Judicialmente, las demandas sostienen que el Departamento del Interior utilizó ilegalmente el fondo del Tesoro de los Estados Unidos para saldar reclamaciones legales contra el Gobierno federal para financiar en cambio proyectos de gas natural y geotermia, relegando la importancia de los eólicos marinos.
Entre los demás estados firmantes están Delaware, Maine, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Vermont y Rhode Island, que piden a la Justicia que declare como nulos los acuerdos y así retomar los arrendamientos eólicos para el beneficio de cada lugar.
Ya en detalle, la primera demanda está dirigida al pago de US$765 millones que el Departamento del Interior realizó a Bluepoint Wind a cambio de detener su arrendamiento eólico marino frente a las costas de Nueva York. En cambio, dejando de lado esta opción que estaba avanzada, construirán una planta de gas natural licuado y se comprometieron a no participar en otros proyectos eólicos marinos en todo Estados Unidos. La segunda demanda apunta al pago de US$653 millones a Invenergy, que canceló tres arrendamientos y, en su reemplazo, invertirá el dinero en gas natural y proyectos geotérmicos en el oeste del país.
Las palabras de Hochul
En el comunicado, Hochul respaldó el reclamo de los distintos estados para ir contra el gobierno federal y la decisión del Interior: «El esquema ilegal de pago para no operar de la administración Trump, que presiona a las empresas para que abandonen las propuestas eólicas marinas planificadas, es un abuso escandaloso de los fondos públicos que perjudica nuestra capacidad de satisfacer las necesidades energéticas, crear empleos y reducir emisiones».
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