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Por Diego Arguedas Ortiz Sánchez es técnico del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), que tramita y sanciona los daños al ambiente costarricense. Desde hace siete años, aseguró a Tierramérica durante la inspección en el humedal a 280 kilómetros al sureste de San José, se dedica a “perseguir a los malos”: empresas y particulares que afectan la naturaleza de este país centroamericano de 4,5 millones de personas. Creado en 1995 y con un personal más que escaso, el TAA es uno de los principales mecanismos costarricenses contra las agresiones al ecosistema y depende del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), no del Poder Judicial. Solo cuenta con 20 funcionarios para su tarea de impartir justicia verde. “Hemos sido exitosos relativamente en esta justicia administrativa ambiental”, resumió a Tierramérica el presidente del TAA, el juez José Lino Chaves. A su juicio, “el cambio de lenguajes y de acciones que hizo el Tribunal a partir de 2008, logró poner una voz de alerta en los costarricenses de que estábamos haciendo algo muy mal” y que “cuidar el ambiente es prioridad” para el país. Costa Rica tiene una cuarta parte de su territorio bajo alguna forma de protección ambiental, 53 por ciento es área boscosa y contiene casi cuatro por ciento de la biodiversidad mundial. Mucho que atender en una nación que promociona la naturaleza como su principal atractivo y un activo ante el cambio climático. La actuación del TAA la complementa la Fiscalía Agraria Ambiental del Ministerio Público, que también tiene penurias de personal. “Recuerdo que un estudio hecho a principios de los años 90 decía que 98 por ciento de las denuncias por delitos ambientales terminaban en falta de mérito (desestimadas)”, dijo a Tierramérica el exministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez. Entonces, “el sistema (judicial formal) no lograba desarrollar una tarea eficiente y los acusados, según el estudio, quedaban absueltos pues no se podía establecer una responsabilidad objetiva”, dijo el también abogado ambiental y actual vicepresidente de la organización no gubernamental Conservation International. “No dudo de la intención de la gente” del Tribunal, apunto a Tierramérica el legislador y abogado ambientalista Edgardo Araya, quien ganó la batalla legal contra el proyecto minero Crucitas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. “Pero el TAA no es viable como está, sin recursos ni jueces”, subrayó. Álvaro Sagot, otro abogado ambientalista que ganó otro caso, este ante el TAA, contra el gigante lechero Dos Pinos, por contaminación, coincidió en la crítica de la falta de recursos, pero también destacó a Tierramérica el valor de la accesibilidad del Tribunal, donde cualquier persona sin conocimiento legal puede denunciar. Además, los denunciantes pueden recurrir a la justicia ordinaria. Pero el exministro Rodríguez (2002-2006) asegura que la vía penal no sirve, por falta de conciencia. “Recuerdo hablar con jueces que liberaban a cazadores que se detenían en parques nacionales, porque no lo consideraban delito”, afirmó. Una de las resoluciones más sonadas del TAA fue la que en septiembre de 2009 obligó al barco Tiuna, de bandera panameña, a pagar una indemnización de 668.000 dólares por pescar atún en áreas protegidas. Tras valorar el cargamento de 280 toneladas de pesca capturada en el Parque Nacional Isla del Coco, sobre la costa occidental del océano Pacífico, el tribunal decidió el monto de la multa. Costa Rica ha buscado construir una reputación internacional como “país verde”. Durante años su eslogan fue “Sin ingredientes artificiales” y en 2007 el gobierno de la época presentó la iniciativa “Paz con la naturaleza”, para reafirmar el compromiso costarricense. Pero los casos se apilan en las oficinas del TAA y el propio Chaves reconoce que la creación de conciencia ambiental es un camino complejo. En este mes, se acumulaban en el Tribunal un total de 3.600 expedientes abiertos, más del triple de una década atrás. Cuenta para ello solo con seis abogados y tres jueces ambientales, dos de ellos abogados y el otro ingeniero. Sobre los tres jueces recae la tarea de visitar cada zona afectada para conocer sobre el terreno el daño ambiental y poder dictaminar. En estos viajes de campo, jueces y biólogos uniforman su atuendo. Calzan botas de montaña, se protegen del sol con chonetes (sombreros campesinos de algodón) y portan un machete a la cintura. Además de las inspecciones a casos específicos, el TAA realiza “barridas ambientales”, como llaman internamente a las giras de inspección de varios días, porque con ellas intentan limpiar el territorio de daños ecológicos. Con ese método, el Tribunal clausuró ya 200 proyectos inmobiliarios en la costa del Pacífico y 40 en la del océano Atlántico, desde que iniciaron estas barridas en 2008, explicó su presidente. Pero “los malos” no se rinden. Días después del viaje de inspección del biólogo Sánchez, otro grupo de abogados, técnicos y jueces se desplazó al manglar de Puntarenas, en el Pacífico Central y a 80 kilómetros al este de la capital, para investigar otra denuncia. El escenario era devastador: cenizas en un terreno de unas 25 hectáreas de manglar, arrasado por invasores que ya estaban comenzando a cultivar maíz y caña de azúcar. “Aquí van y van, y si los dejamos se van comiendo toda la zona. Incendian el manglar y van usando estas tierras para agricultura”, explicó a Tierramérica sobre el terreno el biólogo forestal Alexis Madrigal, quien además es coordinador del departamento técnico del Tribunal. Mientras miembros del equipo técnico removían bolsas de plástico que los invasores utilizan para marcar sus nuevas tierras, Chaves y las dos abogadas que lo acompañaban valoraban los posibles pasos a seguir. Lo primero es una medida cautelar que paralice la invasión, y después puede prohibirse el uso agrícola de la tierra, ordenar una indemnización, o ambas cosas. El TAA sirvió de inspiración para la creación de tres Tribunales Ambientales en Chile, con cuyos promotores Chaves compartió la experiencia costarricense. Ambos sistemas tienen similitudes: cuentan con tres jueces, de los que uno debe ser científico, y cuentan con amplia autonomía y sobre ellos recae castigar el daño ambiental. Perú avanza con una iniciativa similar. El principal reto del TAA es incrementar su personal tanto de técnicos sobre el terreno como de abogados en su sede de San José, para que no suceda como ahora que cada integrante del equipo legal tiene a su cargo 600 expedientes, algo inmanejable. También requiere de estabilidad, Entre 2012 y 2014, Chaves fue viceministro de Aguas y Mares en el Minae. Allí logró mejoras presupuestarias para el Tribunal, pero sus tareas, particularmente las barridas, mermaron. En julio, tras año y medio de inspecciones menos ambiciosas, el TAA emprenderá una gira en que participarán también el Minae, instituciones como la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y la Fuerza Pública. Irán a la zona norte del país, donde la expansión agrícola amenaza la biodiversidad y el agua para consumo humano. En su despacho en San José, el juez Chaves sonríe y asegura: “Volvieron las barridas ambientales”. Ecoportal.net Inter Press Service - IPS Venezuela Web: http://www.ipsnoticias.net

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Daniel T Cross