Durante una jornada parlamentaria que estuvo marcada por la polémica, la Cámara de Diputados aprobó una reforma en materia de supremacía constitucional que tiene 335 votos a favor, 124 en contra y una abstención; se dio paso a ciertas modificaciones que limitan la posibilidad de impugnar cambios a la Constitución Política y desde la oposición manifestaron su rechazo, remarcando que la medida no es muy de democracia.
También es necesario saber que los cambios aprobados en la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional establecen que no se podrán promover acciones de inconstitucionalidad constitucionales contra las reformas a la Carta Magna. Sin embargo, en caso de cambios contra las normas generales, su admisión no suspenderá la aplicación del ordenamiento.
Bajo este aspecto, el dictamen fue devuelto al Senado para realizar ajustes en técnica legislativa. Mientras tanto, la discusión dejó entrever la división que hay entre el oficialismo y los sectores opositores como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que modificarían en un futuro la justicia de México.
Diputados marcan una reforma para fortalecer el poder judicial
Hasta el momento se supo que el presidente de la Comisión de Diputados, Julio César Moreno, defendió esta iniciativa asegurando que busca consolidar el equilibrio entre poderes sin afectar el régimen democrático. Según reveló el legislador, el objetivo principal es garantizar que las decisiones judiciales estén alineadas con los intereses del pueblo y no con influencias externas.
Para tener en cuenta el dato, es que desde su perspectiva, la reforma es una medida importante para evitar la interferencia del Poder Judicial en las decisiones del Congreso (entérate más sobre que la producción de autopartes en México cae). En los últimos años, se argumentó que algunas reformas habían sido detenidas por amparos y promovidas por grupos con intereses económicos y políticos.
Por su parte, la oposición se vio en la necesidad de advertir sobre que la medida podría convertirse en una herramienta de control político, ya que hay quienes sostienen que, ante estas determinaciones, podría eliminar el impugnar reformas y podría allanar el camino a decisiones arbitrarias que atenten contra los derechos ciudadanos.
Otro punto clave: se eliminaron los amparos con efectos generales
Para ponernos en contexto, se aprobó otra reforma que modifica la Ley de Amparo con 19 votos a favor y 9 en contra en la Comisión de Justicia, y por ello se decidió que los juicios de amparo que declaren inconstitucional una norma no tendrán efectos generales y refuerza el principio de que las sentencias deben aplicarse solo a los promoventes y no afectar a la población.
Uno de los cambios más claves es la obligatoriedad de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para todas las autoridades jurisdiccionales. Además, se estableció que la declaración de inconstitucionalidad de una norma solo será válida si cuenta con el respaldo de seis ministros.
De todas formas, desde los partidos opositores señalan una cierta amenaza para con los derechos ciudadanos, bajo el argumento de que se restringe la posibilidad de decisiones judiciales en favor de la población para que puedan generar precedentes aplicables de manera general, pero desde la mirada oficialista, creen que se trata de una medida para evitar abusos y garantizar estabilidad jurídica.
El argumento de la «supremacía constitucional» según el lado oficialista
Uno de los puntos más debatidos fue el concepto de «supremacía constitucional», que se encuentra en el corazón de la reforma al artículo 105. Según los legisladores oficialistas, se busca garantizar que las reformas aprobadas por el Congreso no puedan ser obstaculizadas por mecanismos judiciales que han sido utilizados con fines políticos.
El panista César Damián advirtió que este principio podría ser utilizado en el futuro para eliminar programas sociales o alterar la división de poderes sin posibilidad de impugnación (los detalles de la gran alianza entre pueblo y gobierno). En su opinión, la intención de la reforma es consolidar un poder sin contrapesos, lo que pone en riesgo la estabilidad democrática del país.
Por su parte, Mary Carmen Bernal (PT) argumentó que la oposición ha utilizado el Poder Judicial como un «instrumento político» para frenar reformas de interés popular. Desde su perspectiva, la modificación era necesaria para evitar bloqueos que retrasaron iniciativas impulsadas por la mayoría legislativa.
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