Un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó el jueves desde Texas con destino a Guatemala, pero no puede pasar por México, transportando a migrantes esposados de manos y pies. En total, al menos 80 personas fueron deportadas en este vuelo, que se convierte en un nuevo ejemplo del creciente involucramiento de las fuerzas armadas en la ejecución de restricciones migratorias.
El vuelo partió desde la base militar de Fort Bliss, ubicada en El Paso, y tuvo una duración aproximada de siete horas,casi el doble del tiempo que tomaría un trayecto directo, ya que la aeronave tenía prohibido atravesar el espacio aéreo mexicano. Así lo confirmó Orlando Marrero, portavoz de la Patrulla Fronteriza. En la lista de pasajeros se encontraban, además, ocho menores de edad.
Durante la administración de Trump, el gobierno estadounidense comenzó a emplear aeronaves militares para realizar deportaciones a Guatemala, Ecuador y Colombia. Esta práctica marcó un cambio respecto a la metodología previa utilizada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que solía recurrir a vuelos chárter o comerciales.
Las restricciones aéreas y consideraciones diplomáticas que hay en México
Henry Cuellar, representante federal de Texas, explicó que algunos países no permiten el ingreso de este tipo de aeronaves en su territorio sin acuerdos previos. «Es algo que debe coordinarse con anticipación, porque lo último que quieres es que el avión deba regresar en pleno vuelo», señaló el legislador.
Este tipo de restricciones provocaron que el reciente vuelo hacia Guatemala tomara más tiempo del habitual. En el pasado, otras naciones también han expresado su oposición a recibir deportaciones mediante aeronaves militares, lo que ha obligado al gobierno estadounidense a buscar alternativas. Uno de los ejemplos más recientes ocurrió con Colombia, cuyo gobierno rechazó el ingreso de dos aviones militares estadounidenses con migrantes a bordo.
Como respuesta, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% sobre las exportaciones colombianas. Posteriormente, ambas administraciones lograron un acuerdo en el que Colombia aceptó recibir a los migrantes, pero con la condición de que fueran trasladados en aeronaves militares colombianas. Según el presidente colombiano Gustavo Petro, esta medida garantizaría un trato más digno a los deportados.
La militarización de la frontera y medidas extraordinarias
El Pentágono comenzó a desplegar personal activo en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto estos efectivos se desviarán de sus funciones tradicionales, que incluyen labores de vigilancia terrestre y aérea, apoyo en la construcción de barreras fronterizas y mantenimiento de vehículos. Estas funciones han sido ejecutadas por las fuerzas armadas desde la administración de George W. Bush.
A pesar de que una ley de 1878 prohíbe el involucramiento militar en la aplicación de la ley civil, la administración de Trump mostró la posibilidad de invocar poderes de tiempo de guerra para ampliar la participación de las fuerzas armadas en asuntos migratorios.
El presidente declaró una emergencia en la frontera, abriendo la posibilidad de que el Departamento de Defensa colaborara en la detención y traslado de migrantes, operaciones que implican costos elevados. Como parte de estas medidas, Trump ordenó el uso de la base militar de Guantánamo, en Cuba, para detener a migrantes. Según el mandatario, la instalación tendría capacidad para albergar hasta 30,000 personas.
Se abre debate sobre el uso de recursos militares en deportaciones
El empleo de aviones de la Fuerza Aérea para deportaciones ha sido cuestionado por diversos expertos en derechos humanos y migración. Yael Schacher, directora para las Américas y Europa en Refugees International, señaló que esta estrategia es poco común y que, más allá de su impacto práctico, tiene un fuerte carácter simbólico.
El uso de recursos militares para estos procedimientos genera un debate sobre la militarización de la política migratoria y la imagen que proyecta Estados Unidos en el contexto internacional (entérate qué pasará con la aplicación de aranceles). Es importante remarcar que la implementación de estas medidas llama la atención.
Mientras la administración Trump justificaba estas acciones como parte de una estrategia de seguridad nacional, organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado preocupaciones sobre las condiciones en las que se llevan a cabo estas deportaciones y el trato recibido por los migrantes.
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