El Instituto de la Universidad de las Naciones Unidas sobre Estudios Comparados de Integración Regional (ONU-CRIS) lanzó un informe actualizado sobre la situación en la Amazonía y cómo se gestiona el riesgo de desastre en los ocho países que forman parte de la región. Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Guyana, Surinam y Venezuela quedaron expuestos, ya que, según el estudio, necesitan cooperar para ganar resiliencia frente a posibles catástrofes como inundaciones, sequías o incendios que acechan la cuenca.
La Amazonía en riesgo
Los estudios marcan que la región a estudiar tiene alrededor de 2,3 millones de millas cuadradas de selva tropical y Brasil concentra el 68 % de la superficie. En concreto, aproximadamente 50 millones de personas dependen de sus recursos y en ella habitan alrededor de 370 pueblos originarios.
El daño del calentamiento global provocó que durante la sequía de 2016 los incendios aumentaran un 36 % respecto a los años previos y la estación de sequía se extendiera entre tres y cuatro semanas más que antes de ese evento. Pero las inundaciones también dejaron su rastro y evidenciaron la vulnerabilidad de la región, tal como sucedió en 2014 en Bolivia, donde 59 personas murieron y al menos 60 000 hogares quedaron afectados, siendo el peor desastre del país en 40 años.
Nuevo informe muestra la vulnerabilidad en la Amazonía
El Instituto especializado de la ONU publicó un informe llamado «Evaluación de las variaciones regionales en las estrategias de gestión del riesgo de desastres en la cuenca del río Amazonas» para mostrar el modo en el que se administran los posibles escenarios en casos de peligro natural.
Tras varios análisis y el trabajo de seis especialistas en la materia, el diagnóstico marcó que la gobernanza del riesgo sí está siendo fortalecida de manera gradual para la Amazonía. Sin embargo, advirtió que hay países que trabajan para la respuesta a emergencias, mientras que otros aún absorben los costos de desastres pasados y no han desarrollado mecanismos para anticipar los próximos. Por ello, se considera que los peligros climáticos atraviesan fronteras y los esfuerzos de las naciones de manera aislada no son suficientes.
Brasil, Ecuador, Colombia y Perú, según la ONU, son los países con sistemas avanzados y leyes actualizadas para un riesgo de desastre. Gracias a avances legislativos, planificación territorial y desarrollo institucional, se prepararon para coordinarse internamente. Caso contrario a lo de Bolivia y Venezuela, que cuentan con leyes, pero carecen de vínculos sólidos con políticas hídricas o ambientales para una respuesta a la altura.
Según los expertos, Surinam y Guyana están aún en un nivel por debajo de preparación al que tienen Bolivia y Venezuela, ya que se apoyan sobre todo en agencias de emergencia y no tienen mecanismos formales de prevención ante catástrofes en la Amazonía.
Otras brechas señaladas como las más importantes para actuar de forma pareja ante inundaciones, sequías o incendios son la del financiamiento, ya sea por fondos de contingencia o por seguros. A la vez, desde la ONU prestaron especial atención a los conocimientos de los pueblos originarios, ya que son fundamentales para los planes oficiales, dado que estas comunidades conviven con el ecosistema cotidianamente.
El principal problema y la recomendación
La falta de un plan regional fuerte es lo principalmente señalado por la ONU y su informe. Si bien existen programas de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), el informe señala que estos no avanzaron de forma vinculante y siguen dependiendo de cada gobierno, sin ser cooperativos a nivel regional.
De esta forma, proponen reforzar la colaboración entre instituciones y países para elaborar un plan en conjunto, ya sea para la emergencia o la gestión de recursos compartidos, como ríos, bosques o humedales.
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