Donald Trump continúa con su iniciativa de recortes en lo que respecta a la parte administrativa, pero también se encontró con que ocho ex investigadores que desempeñaban labores de supervisión dentro de los gobiernos de Estados Unidos decidieron tomar acciones legales tras ser removidos de sus cargos en lo que consideran que se dio de manera injustificada.
Este miércoles, la demanda fue interpuesta en un tribunal federal de Washington, donde los exfuncionarios solicitan que se declaren ilegales sus despidos y exigen su restitución en sus respectivos puestos. Según argumentaron, su labor es importante para supervisar el uso de billones de dólares en gastos federales y vigilar el comportamiento de millones de empleados públicos.
Uno de los puntos claves de este reclamo es que el Congreso no fue notificado con los 30 días de anticipación sobre las destituciones, incumpliendo lo que está establecido por la ley. Este accionar de Trump, hizo que hasta un legislador republicano de alto nivel criticara esta falta de transparencia.
Hay posibles tipos de investigadores que no le gustan al poder
Para poner en contexto, el presidente Trump, defendió su decisión asegurando que pondría a «buenas personas» para que ocupen esos puestos. Sin embargo, la destitución masiva de inspectores generales levantó sospechas sobre si el gobierno buscaba frenar investigaciones incómodas. Entre los casos que supervisaban estos funcionarios se encontraba una indagación sobre Elon Musk y su relación con contratos administrativos.
Hasta el momento, desde la Casa Blanca no emitieron comentarios sobre la demanda ni tampoco dieron explicaciones relacionadas con el tema de los despidos. Por ello, debido a la falta de respuestas, se alimentaron las especulaciones sobre si el gobierno de Trump actuó con la intención de reducir los mecanismos de supervisión en su segundo mandato.
Ante el despido masivo, que tuvo lugar en una purga un viernes por la noche, ocurrió apenas cuatro días después del inicio del segundo mandato de Trump (los detalles del recorte administrativo). Aunque los inspectores generales son designados por el presidente, se espera que operen sin intereses partidistas y bajo un marco de independencia.
Un golpe a la supervisión gubernamental y las destituciones
Para sumar a lo que venimos comentando, las destituciones se produjeron en un contexto de creciente preocupación sobre la transparencia del gobierno. El senador Chuck Grassley, republicano de lowa, señaló que si bien podrían existir razones legítimas para los despidos, el Congreso debía haber sido notificado con antelación.
El rol de los inspectores generales data de la época posterior al escándalo de Watergate, cuando el Congreso estableció estas oficinas para vigilar posibles abusos de poder y malas prácticas dentro de las agencias del gobierno. Sin embargo, la eliminación abrupta de estos funcionarios pone en riesgo ese sistema de control y podría abrir la puerta a una mayor discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
Hasta el momento, diversos sectores expresaron su preocupación sobre las implicaciones de esta medida. Algunos demócratas y organizaciones puntuales en monitoreo del gobierno se tomaron el trabajo de advertir que estos despidos pueden interpretarse como un intento de debilitar los mecanismos de control para facilitar el abuso de poder dentro del gobierno republicano.
Un recorte que pone en riesgo la investigación médica
En otra muestra de descontento, 22 fiscales generales de distintos estados se vieron obligados a presentar una demanda contra el gobierno de Trump por reducir drásticamente la financiación destinada a la investigación médica y de salud pública en universidades de todo el país.
Cabe mencionar que la denuncia fue interpuesta en un tribunal federal de Boston, en ella se acusa al gobierno de Trump (la medida monetaria que quiere tomar EU), al Departamento de Salud y Servicios Humanos y a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de recortar los fondos asignados a costos indirectos, como mantenimiento de laboratorios, infraestructura y personal de apoyo.
Los estados que demandaron advierten que esta medida podría detener investigaciones clave para el tratamiento y la cura de enfermedades, incluidas el cáncer, las infecciosas y la adicción. El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, destacó que esta decisión sería una amenaza para el futuro de la investigación médica en EE.UU y señaló que la reducción en la financiación podría traer la pérdida de cientos de millones de dólares y miles de empleos.