Un juez federal de Estados Unidos emitió este sábado una orden de emergencia para impedir que el Departamento para la Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, acceda a información financiera y personal almacenada en el Departamento del Tesoro. La decisión surge tras preocupaciones sobre el acceso no autorizado a estos datos por parte del nuevo organismo.
El fallo, emitido por el juez Paul A. Engelmayer, prohíbe el acceso a los sistemas de pago y otros datos financieros a «todos los cargos políticos», «agentes especiales del gobierno» y «empleados asignados a un organismo externo» al Tesoro. Además, impone una restricción temporal hasta la audiencia programada para el 14 de febrero.
Por otro lado, es necesario informar que, como parte de la orden, se establece que cualquier persona que haya accedido a los registros del Departamento del Tesoro desde el inicio de la presidencia de Donald Trump el 20 de enero, debe eliminar de inmediato cualquier copia de los datos obtenidos, evitando así su posible uso indebido.
El papel de Elon Musk y las reformas del DOGE
Elon Musk, reconocido empresario y una de las figuras más influyentes del sector tecnológico, lidera el DOGE como parte de un plan del nuevo gobierno para reducir los costos de la administración pública. Este organismo fue creado con el propósito de asesorar al presidente en la reestructuración gubernamental y la optimización del presupuesto federal.
Desde su implementación, el DOGE ha impulsado recortes en programas de ayuda exterior y ha reducido el financiamiento en distintas áreas gubernamentales (los detalles de Musk y el desmantelamiento de USAID). Asimismo, se tomaron medidas para despedir a numerosos funcionarios o incentivarlos a retirarse, lo que ha generado resistencia en diversos sectores políticos y administrativos.
Por su parte, el acceso del DOGE a información clasificada del Tesoro ha sido motivo de debate, ya que plantea interrogantes sobre la legalidad y la transparencia de sus operaciones, lo que derivó en la intervención del poder judicial. Bajo este aspecto, se advirtió sobre el incremento de amenazas cibernéticas debido al acceso descontrolado a estos sistemas.
Las preocupaciones que se generaron sobre ciberseguridad y acceso sin restricciones
Una evaluación interna del Departamento del Tesoro calificó el acceso del DOGE a los sistemas de pago federales como «una de las mayores amenazas internas» enfrentadas por la Oficina del Servicio Fiscal (BFS). Este informe, filtrado por medios estadounidenses, incrementó las alarmas sobre la vulnerabilidad de estos datos.
De acuerdo con la demanda presentada por los estados, el gobierno habría permitido que un empleado del DOGE de 25 años accediera, sin restricciones, a registros financieros críticos. Este nivel de acceso expone la información bancaria y de seguridad social de millones de ciudadanos a posibles manipulaciones sin verificación legal.
Asimismo, los fiscales y expertos en seguridad debieron advertir con mucha preocupación sobre los riesgos de que esta información sea procesada sin las medidas de protección adecuadas. «Genera enormes riesgos de ciberseguridad, incluidos riesgos para los estados y sus habitantes, de que su información sea utilizada y procesada, sin verificación, de una manera no permitida por la ley federal”, sostiene la demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Manhattan.
El del juez y las declaraciones del fiscal general de la causa
El fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, sostuvo que «ha permitido que un multimillonario que no fue elegido popularmente se infiltre en agencias federales clave y sistemas que almacenan números de seguridad social, información bancaria y otros datos extremadamente sensibles para millones de personas».
Por otro lado, defensores del DOGE sostienen que estas medidas son necesarias para lograr una administración más eficiente y reducir el gasto innecesario del gobierno (Trump reanuda construcción del muro fronterizo). Sin embargo, la falta de regulación sobre el acceso y manejo de la información genera preocupaciones en múltiples sectores.
El fallo judicial marca un precedente en la protección de los datos gubernamentales y el control de su acceso por parte de entidades externas. Con la audiencia prevista para el 14 de febrero, se espera que la discusión sobre los límites de la intervención del DOGE continúe en los próximos días.