Tras darse a conocer la noticia de que el expresidente filipino Rodrigo Duterte fue arrestado por crímenes contra la humanidad, fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) por los cargos ya mencionados. La detención del exfuncionario se llevó a cabo el martes en Manila bajo una orden emitida por el tribunal con sede en La Haya.
Para tener en cuenta, el anuncio estuvo en manos del presidente actual de Filipinas, Ferdinand Marcos, quien confirmó la transferencia del exgobernante a las autoridades internacionales. A los 79 años, Duterte es acusado de haber supervisado una violenta campaña antidrogas que resultó en miles de muertes.
Algunos grupos de derechos humanos y familiares de las víctimas celebraron su arresto como un avance hacia la justicia. En los próximos días, comparecerá ante la CPI para confirmar su identidad y conocer formalmente los cargos en su contra. Si el exmandatario es encontrado culpable, podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua y la CPI se centra en determinar su responsabilidad directa en las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en su mandato.
El traslado de Rodrigo Duterte a la CPI se llevó a cabo con gran discreción
Si bien la llegada a La Haya fue sigilosa, el traslado de Duterte debió hacer escala en Dubái antes de poder aterrizar en Países Bajos. Al llegar, el avión se dirigió a un hangar donde lo esperaban vehículos oficiales, incluidos algunos autobuses y una ambulancia, logrando que la seguridad se vea obligada a ser reforzada con un helicóptero que sobrevuele el área.
Asimismo, el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, confirmó que el exmandatario se encontraba en la aeronave y que su llegada se estableció conforme a los protocolos establecidos para el arresto de sospechosos de crímenes graves. Sin embargo, su proceso judicial podría extenderse durante meses, dependiendo de las pruebas presentadas ante la fiscalía.
Este hecho, marca un momento histórico para Filipinas porque es la primera vez que sucede que un expresidente filipino es sometido a un tribunal internacional por violaciones a los derechos humanos (el arresto del filipino que generó un shock en su país) y hay una tensión especial en cuanto a cómo se desarrolle este caso en lo que respecta al ámbito internacional.
La CPI investiga sobre los crímenes durante la «guerra contra las drogas»
Desde el 2021, la CPI tomó la decisión de abrir una investigación sobre los crímenes cometidos durante la “guerra contra las drogas” que impuso el expresidente filipino, tanto en su período como alcalde de Davao como en su mandato presidencial. Sin embargo, se estima que entre 6.000 y 30.000 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial; lo que se señala es que muchas de ellas sin pruebas claras de estar involucradas en el narcotráfico.
Hasta el momento se dio a conocer que, con la orden de arresto, hay “motivos razonables” para considerar que Duterte es responsable del crimen de lesa humanidad en este caso por haber asesinado en pos de la lucha contra el narcotráfico. En la fiscalía señalan que el exmandatario supervisó y respaldó las operaciones que resultaron en la muerte de miles de personas. Pese a que Filipinas se retiró de la CPI en 2019 bajo la administración de Duterte, el tribunal mantiene su jurisdicción sobre crímenes cometidos antes de esa fecha.
En cuanto a la actualidad, desde el gobierno de Filipinas, más precisamente el presidente Ferdinand Marcos Jr defendió el arresto, asegurando que es un procedimiento adecuado dentro del marco legal internacional (los detalles del acuerdo petrolero de Ecuador con China), pero la vicepresidenta de Filipinas e hija del exmandatario, Sara Duterte, cuestionó la decisión del gobierno de permitir su entrega a la CPI.