En el año 1996 se aprobó la Ley INRA (por el Instituto Nacional de Reforma Agraria) que conjugaba dos visiones, la del mercado de tierras por un lado, y la de la protección estatal a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, por otro.
El Parlamento, con la mayoría de votos del partido del presidente Evo Morales, aprobó una ley modificatoria denominada de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que otorga mayores facultades al gobierno nacional para titular territorios a favor de los indígenas y revertir-expropiar tierras de los latifundios improductivos en manos de terratenientes.
Los principales beneficiarios son 260 pueblos indígenas que han recibido títulos colectivos de sus territorios por 16.8 millones de hectáreas y más de 10 mil familias de campesinos que han recibido títulos colectivos comunales por una superficie de casi cinco millones de hectáreas.
