A medida que avanza el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció al Congreso su decisión de desmantelar la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) antes del 1 de julio de 2025. Al tener esta medida, podemos revelar que se busca trasladar algunas de sus funciones importantes al DOGE y eliminar aquellas que no se alineen con las prioridades de la actual administración.
Hasta el momento, en declaraciones por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión argumentando que la agencia se había desviado de su misión original. Además, el funcionario declaró que la ayuda exterior debe ser bien gestionada para proteger las fronteras del país pudiendo lograr fortalecer las alianzas, pero remarca que USAID ya no cumplía con estos puntos.
De acuerdo a lo apuntado por Rubio, la intención es garantizar que la asistencia internacional responda a los intereses estratégicos norteamericanos. Según documentos obtenidos por CNN, los programas que continuarán bajo la supervisión del Departamento de Estado incluyen asistencia humanitaria, salud global, inversiones estratégicas, seguridad nacional y una gran parte de los contratos activos serán cancelados o modificados.
La reestructuración que busca llevar a cabo Elon Musk: su papel clave
Desde que asumió Trump, decidió recortar algunos aspectos del Estado, uno de los puntos más llamativos de esta decisión es la intervención del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a manos del empresario Elon Musk. Esta oficina fue creada tras la toma de posesión del líder republicano y fue importante a la hora de reducir costos y aumentar la eficiencia operativa.
Al desarrollar un memorando interno, podemos señalar que este mismo fue enviado a los empleados de USAID. En este escrito, se notificó la eliminación de “sustancialmente todos los puestos no estatutarios” que se encuentran dentro de la agencia (los detalles de Trump y su conversación con el primer ministro de Canadá), al realizar este movimiento las críticas, por parte de los legisladores y empleados.
Al ponerlo en contexto, hay que decir que estos reclamos no tardaron en llegar debido a que consideran esta determinación como algo grave que afectará la respuesta de crisis humanitaria y de desarrollo. Bajo esta línea, algunos medios estadounidenses se replantean el uso del DOGE y sentenciaron que el cierre de una agencia creada por el Congreso sin su aprobación podría derivar en demandas judiciales.
Los posibles obstáculos legales que enfrentaría el gobierno tras desmantelar el USAID
En cuanto al anuncio del desmantelamiento de USAID hizo que se genere una fuerte reacción en el Congreso, sobre todo si nos referimos a los legisladores demócratas de la Comisión de Relaciones Exteriores. Algunos posicionaron a esta decisión como “ilegal y perjudicial”, advirtiendo que el traspaso de funciones al Departamento de Estados podría sobrecargar su estructura y afectar su funcionalidad.
Bajo este aspecto, el 10 de marzo, el funcionario Marco Rubio dio a conocer que el Gobierno ya había cancelado el 83% de los programas de USAID y que se encontraba en conversaciones para transferir cerca de 1.000 contratos al Departamento de Estados. De igual manera, algunos grupos de derechos humanos advirtieron que la reducción de fondos podría dejar sin asistencia a personas vulnerables en el mundo.
En lo que respecta al pasado 18 de marzo, un juez federal se vio en la necesidad de bloquear de manera temporal el proceso de cierre de la agencia al considerar que podría violar la Constitución (los detalles de por qué Estados Unidos retira visas a extranjeros). Para poner un contexto, un tribunal de apelaciones anuló dicha orden, permitiendo que la administración continúe con sus planes. Este fallo mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la agencia y sus programas.
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