El dolor y la indignación marcaron este jueves las puertas de la morgue judicial de Río de Janeiro, siendo que decenas de familiares se concentraron frente al edificio para exigir la entrega de los cuerpos de sus seres queridos, fallecidos durante la reciente ola de violencia en las favelas Penha y Alemão.
Tensión y reclamos frente a la morgue
Según reportó el canal La Nación+, las manifestantes bloquearon la avenida principal de acceso al Instituto Médico Legal (IML), reclamando la entrega de los cadáveres que permanecen retenidos desde hace tres días.
«Ya pasaron tres días. Solo queremos identificados y llevarlos a nuestras casas. Estamos cansados», declaró una de ellas al periodista de C5N Adrián Salonia, presente en el lugar de los hechos.
Asimismo, esto se debe a que las fuerzas de seguridad respondieron con palos y gases lacrimógenos, lo que agravó aún más el clima de tensión. En otras medidas, Brasil refuerza la seguridad fronteriza en medio de operativos, pero a pesar de la represión, los familiares insistieron en permanecer allí hasta obtener respuestas concretas.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos denunciaron un «trato inhumano» hacia los deudos, en medio de versiones cruzadas sobre los procesos de identificación, teniendo en cuenta que los cuerpos reclamados pertenecen a víctimas de la operación policial más letal en la historia reciente de Brasil.
El operativo más sangriento de Brasil
En esta oportunidad, la morgue se vio desbordada tras la redada conjunta de la Policía Civil y Militar de Río contra el Comando Vermelho, que dejó más de 150 muertos, la mayoría jóvenes entre 15 y 30 años, en los complejos de Penha y Alemão. De acuerdo con informes oficiales, cuatro de las víctimas eran agentes de seguridad.
«Estamos en un momento en que la comunidad perdió a sus familiares porque fueron asesinados. Sesenta cuerpos ya fueron entregados, pero fueron más de ciento cincuenta las personas muertas. Es la mayor tragedia de la historia de Brasil», declaró Reimont Lulz Otoni, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Diputados.
En este caso, las denuncias de los vecinos y organizaciones sociales afirmaron que muchos cuerpos presentaban señales de tortura y las manos atadas. Esto sucede en un país donde la policía mató a más de 6000 personas en 2024, según cifras oficiales; los hechos pusieron en boca de todos el debate sobre la violencia institucional.
Las autoridades bajo presión internacional: hubo fallecidos civiles
El gobernador de Río, Cláudio Castro, defendió el operativo y sostuvo que «las únicas víctimas reales fueron los policías caídos», atribuyendo al Comando Vermelho la totalidad de los fallecidos civiles. Sin embargo, las declaraciones generaron indignación dentro y fuera del país.
Desde Naciones Unidas, portavoces pidieron una investigación independiente ante el elevado número de muertos. A su vez, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llamó a «atacar la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias», mientras promulgaba una ley para reforzar la protección de los agentes que combaten el crimen organizado.
A medida que las críticas crecen, el Instituto Médico Legal intenta avanzar con las identificaciones en medio de un colapso logístico que mantiene a decenas de familias esperando bajo el sol carioca.
Entre la burocracia, el dolor y la exigencia de justicia, las familias siguen acampando frente a la morgue de Río de Janeiro, en donde piden recuperar a sus muertos y saber qué pasó realmente durante la operación. La justicia a cargo del Supremo Tribunal de Brasil investigará el operativo policial en Río de Janeiro debido a las consecuencias; la protesta se transformó en un punto clave de una tragedia que aún sacude a Brasil.
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