Lo que empezó como una red tecnológica para ayudar a combatir delitos se ha convertido en una verdadera batalla en las carreteras de Estados Unidos.
Las cámaras de la empresa Flock están creciendo rápidamente en miles de ciudades, pero también aumenta la oposición por parte de la gente.
Cansadas de lo que consideran una forma de vigilancia excesiva, algunas personas han llegado al extremo de destruir, pintar o robar estos dispositivos.
¿Dónde está el límite entre la seguridad pública y el derecho a la privacidad?
Una cámara creada para combatir delitos terminó convertida en el objeto de un posible robo
El caso que tuvo lugar en Winona, Minnesota, mostró claramente hasta dónde puede llegar el rechazo: las ocho cámaras Flock colocadas en la ciudad desaparecieron después de que, según la policía, fueran cortadas desde la base de los postes, lo que generó un daño económico de alrededor de 24 000 dólares.
Las reacciones de algunos habitantes en las redes sociales de la policía local mostraron una mezcla de indiferencia y simpatía hacia lo ocurrido, mientras otros cuestionaban el valor que tenían esos dispositivos para la comunidad.
Detrás de ese rechazo está el miedo al uso incorrecto de los grandes volúmenes de datos que se recolectan.
Aunque la empresa afirma que sus sistemas identifican vehículos para ayudar en investigaciones criminales, activistas y defensores de los derechos civiles advierten que la tecnología también permite reconstruir los movimientos de personas que nunca fueron sospechosas de ningún delito.
También se han registrado casos en los que agentes utilizaron la red de manera indebida para seguir a personas, mientras que el acceso de agencias externas a estos datos ha aumentado las dudas sobre quién puede consultar realmente la información.
Flock, por su parte, rechaza que su tecnología constituya un sistema de vigilancia masiva y defiende su utilidad para combatir delitos.
Los ataques contra Flock han crecido junto con su red nacional de vigilancia
Flock asegura que ya opera en unas 6000 comunidades y que su enorme red registra miles de millones de lecturas de matrículas cada mes.
Pero ese rápido crecimiento también ha venido acompañado de resistencia.
The Guardian identificó al menos 33 incidentes en 23 estados relacionados con protestas contra estos sistemas.
Las cámaras han aparecido pintadas, quemadas, con los cables cortados o incluso arrancadas de sus postes.
Este descontento ha trasladado parte del debate de los ayuntamientos a las carreteras.
Algunos grupos crean mapas digitales para avisar a los conductores sobre la ubicación de los dispositivos.
Otros, en cambio, buscan cambios por vías institucionales y exigen a los gobiernos locales que dejen de trabajar con la empresa.
De hecho, más de 80 ciudades han rechazado estos sistemas, cancelado contratos, decidido no renovarlos o desactivado cámaras.
Frente a los daños, las autoridades también han comenzado a prestar más atención a quienes atacan físicamente estos dispositivos.
La vulnerabilidad física no resuelve las preguntas legales sobre d
Destruir o robar una cámara puede parecer para algunos una forma rápida de protestar, pero hacerlo puede terminar en cargos penales.
Ya existen casos en distintos estados en los que personas enfrentan acusaciones por presuntamente dañar estos dispositivos.
Aunque exista una protesta política detrás o una preocupación real por la privacidad, romper equipos no elimina la posible responsabilidad legal.
Mientras algunas personas optan por desactivar físicamente las cámaras, otras trabajan para cambiar las reglas sobre cómo pueden utilizarse.
Una de las propuestas es exigir una orden judicial antes de que las autoridades puedan acceder a determinados registros de matrículas.
Ahí está una de las grandes diferencias dentro del rechazo a Flock.
Cuestionar cómo se recopilan y utilizan los datos, pedir explicaciones a las autoridades o intentar cambiar las leyes forma parte del debate sobre privacidad.
Dañar o llevarse una cámara abre un problema completamente distinto y puede tener consecuencias legales.
Por ahora, las cámaras siguen multiplicándose y también las preguntas sobre quién puede consultar la información que recopilan.
Mientras unos intentan limitar su uso mediante leyes, contratos y decisiones de los gobiernos locales, otros han decidido actuar directamente sobre los postes.
El debate sobre la privacidad sigue siendo el mismo, pero la forma de protestar puede tener consecuencias completamente diferentes.
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