El Gobierno de Donald Trump confirmó la eliminación de las normas que limitan la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden emitir las centrales eléctricas de gas y carbón. Un paso más hacia una nueva iniciativa para las protecciones climáticas y del aire limpio.
La decisión fue anunciada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante una reunión de ministros de Energía del G20 realizada en Houston, Texas, la cual constituye uno de los principales retrocesos regulatorios en materia climática impulsados por el Gobierno de Estados Unidos.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, defendió esta medida y cuestionó las políticas energéticas implementadas durante administraciones anteriores. Según afirmó, durante más de una década se aplicaron restricciones que perjudicaron al carbón, mientras que el Gobierno de Trump busca recuperar el protagonismo de fuentes de engería convencionales.
En este sentido, la EPA sostiene que la eliminación de las regulaciones actuales permitirá ahorrar alrededor de 310 000 millones de dólares al reducir los costos de la generación eléctrica y ampliar así el aprovechamiento de los recursos energéticos, especialmente el carbón y el gas natural.
Por lo tanto, esta decisión implica dejar sin efecto las normas establecidas en 2024, las cuales exigían a determinadas centrales reducir significativamente sus emisiones o incorporar tecnologías capaces de capturar el dióxido de carbono generado durante la producción de electricidad.
Un cambio de rumbo frente a las políticas energéticas actuales
Las normas aprobadas durante el mandato de Joe Biden buscaban reducir la contaminación climática del sector eléctrico. La EPA había calculado que las medidas permitirían disminuir las emisiones de carbono de las centrales en un 75% respecto de los niveles máximos registrados en 2005.
Asimismo, además de los beneficios ambientales, la administración demócrata había estimado que la regulación evitaría unas 1200 muertes prematuras en 2035 y generaría aproximadamente unos 120 000 millones de dólares en beneficios vinculados con la salud pública hasta 2047.
Trump, en cambio, sostiene que estas restricciones representan un obstáculo para la producción energética y que las centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles no tienen una incidencia suficientemente significativa sobre la contaminación atmosférica como para justificar determinadas regulaciones federales.
Asimismo, la EPA también avanza sobre otro frente, ya que propone limitar su propia autoridad para establecer futuras restricciones sobre las emisiones climáticas de las centrales eléctricas. Si esta iniciativa prospera, podría reducir considerablemente el margen de acción de futuras administraciones para implementar nuevas regulaciones sobre el sector.
Dicha decisión no elimina todos los controles ambientales. Algunas normas destinadas a limitar contaminantes como el mercurio y el plomo continúan vigentes, aunque también han sido objeto de modificaciones durante la actual administración.
Grupos ambientalistas evalúan recurrir
Esta nueva medida generó una fuerte reacción entre organizaciones ambientalistas, que anticiparon impugnaciones en los tribunales, ya que sostienen que la eliminación de los límites permitirá que las centrales alimentadas con combustibles fósiles aumenten sus emisiones.
Las centrales eléctricas representan cerca de una cuarta parte de las emisiones climáticas de Estados Unidos y constituyen una de las principales fuentes nacionales de gases que contribuyen al calentamiento global. Por ello, el cambio regulatorio podría tener consecuencias importantes sobre la evolución de las emisiones del país.
Frente a este escenario, el Gobierno de Trump argumenta que el aumento de la generación eléctrica convencional también responde a una necesidad concreta, haciendo referencia directa al crecimiento de la demanda energética provocada por los centros de datos, la industria y la electrificación de distintos sectores de la economía.
La propuesta de eliminar las normas ambientales abre una nueva etapa de incertidumbre, especialmente para las empresas eléctricas y para los estados que deberán adaptarse al nuevo escenario regulatorio. Con demandas judiciales y una disputa política en relación al futuro de la energía del país, la decisión de la EPA se convierte en una nueva estrategia de Trump para reducir las regulaciones ambientales y ampliar el papel de los combustibles fósiles en EE UU.
¿Te ha servido este artículo?
Recibe cada semana lo que de verdad importa
Análisis de energía, clima y naturaleza en tu correo. Gratis y sin spam.
