Desde el lugar de encuentro en Ereván, Armenia, el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un reclamo urgente. El reclamo pide a gobiernos, a grandes empresas y a comunidades que aumenten drásticamente sus recursos económicos para proteger el vulnerable ecosistema del planeta. En el marco de la Cumbre de Líderes, antes de la conferencia climática COP 17, Guterres ha alertado que más de un millón de especies están en alto peligro de extinción. Esto se debe al gran desbarajuste climático, al exceso de pastoreo y al uso excesivo de fertilizantes, entre otras causas.
Los avances insatisfactorios y la meta de conservación
La implementación del marco de biodiversidad de Kunming-Montreal, el cual se asumió hace cuatro años, pudo concretar lo que hoy es una incipiente pero necesaria ola de movilización legislativa mundial. Desde 2022, la comunidad internacional ha protegido formalmente unas 501 933 millas cuadradas de reservas terrestres y más de 2 millones de millas cuadradas de amplios ecosistemas oceanográficos. Dicha acción diplomática ha llevado a que cerca del 90 % de las partes firmantes de su declaración de 2022 se hayan marcado como parte de su régimen una meta biológica nacional concreta, y que más de la mitad de ellas hayan hecho y operado hojas de ruta conclusivas para sus respectivos territorios.
No obstante, las altas autoridades de la ONU nos advierten que este tipo de progreso estructural es peligrosamente desigual y que se está desarrollando a un ritmo del todo inadecuado como para prevenir el colapso ecológico. Los modelos técnicos demuestran que, aun si cumplieran todas las naciones con el régimen actual, en 2030 tan solo se podría proteger el 26 % de los ecosistemas terrestres y el 12 % de las vitales redes oceánicas, muy lejos del ya indispensable objetivo del 30 %.
Desviación de las corrientes de capital a nivel global
El principal obstáculo estructural que encontramos está contenido en una profunda contradicción financiera que normativiza la inmensa economía moderna. De acuerdo con las contundentes cifras que presentaron en la cumbre, a cada dólar que se gasta de manera correcta en protección del ecosistema, le corresponden US$30 que se depositan en actividades extractivas que significan una pérdida para la naturaleza.
En el 2023, salió del flujo de capital, de manera directa, una cantidad escandalosa de US$7,3 billones para distintas industrias que resultaron ser negativas para el ecosistema: la gran industria de manufactura pesada, la agricultura destructiva y la extracción masiva de combustibles fósiles. El secretario general instó a que los gobiernos pusieran fin de manera definitiva a esos sugerentes subsidios corporativos y les animó a redirigir ese enorme ahorro a las personas.
Las estimaciones de acuerdo con los objetivos ambiciosos de restauración de la tierra y la resiliencia climática apuntan a que la inversión anual en soluciones basadas en la naturaleza se tendrá que acoplar para llegar, sí o sí, a US$571 000 millones para finales de la década.
Integración social y políticas de Estado
Ante esta colosal disparidad logística y económica que se ha desarrollado, la ONU expresó que debe llevarse a cabo un liderazgo de Estado que consiga convertir por completo las políticas destructivas en prácticas medioambientales establecidas estructuralmente a largo plazo. Los funcionarios instaron a las naciones a adoptar modelos económicos ultramodernos de economía circular, de cero residuos, que fomentaran una agricultura regenerativa y que cumplieran con la máxima severidad las leyes ambientales.
Así, la recientemente firmada Declaración de Ereván fue calificada como un compromiso altamente esperanzador, ya que compromete a los diferentes Estados a incluir obligatoriamente métricas estrictas de biodiversidad que formen parte de sus presupuestos federales, asegurando un diseño normativo que recoja por completo el indiscutible costo ecológico de las operaciones. La soberanía de este enorme tránsito depende, por otra parte, de una enorme participación civil amplia y realmente representativa.
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