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La ONU alerta sobre el retraso global en la protección de ecosistemas y la restauración de tierras

Por Luz Vaquero · 29 octubre, 2026 · 6:22 p. m. · 4 min de lectura Compartir: f 𝕏 in
La ONU alerta sobre el retraso global en la protección de ecosistemas y la restauración de tierras
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Previo a la COP17, una conferencia fundamental dedicada a la diversidad biológica, las Naciones Unidas lanzaron una seria advertencia a los líderes mundiales sobre el panorama sombrío que se avecina. Un informe oficial reciente revela que menos de la mitad de los objetivos nacionales dedicados a proteger plantas, animales o hábitats, es decir, aquellos sobre los que se sustenta la vida en el planeta, están cumpliéndose. El Marco Mundial de Biodiversidad, adoptado en la COP15 en 2022 y conocido como el de Kunming-Montreal, definió la hoja de ruta para convivir con la naturaleza hasta 2050, pero los actuales avances sobre el mismo indican también que la humanidad avanza en una guerra contra la naturaleza.

El déficit de metas de conservación terrestre y marina

En la cota más ambiciosa y trascendente del pacto internacionalmente acordado, que establecía la obligación vinculante de proteger, al menos, el 30 % de todas las tierras, de las aguas continentales, de las costas y de los inmensos océanos del planeta para el 2030, la más bien desoladora proyección estadística actual indica que, incluso si todos los Estados del planeta cumplían perfectamente con sus promesas a partir de este instante, con la llegada del año 2030 se protegería un 26 % de los ecosistemas terrestres y un peligroso 12 % de los océanos, muy lejos de la cifra mínima de ecosistemas que permitirán que ellos mismos puedan sobrevivir.

Este aberrante déficit operativo está muy ligado a la letal triple crisis planetaria que está sufriendo la humanidad: el cambio climático imparable, la destrucción acelerada de la diversidad biológica y la contaminación tóxica extendida. El secretario general de la ONU, António Guterres, fue muy claro y categórico al afirmar que dicho parón implica que la guerra contra el planeta todavía no ha terminado.

Avances institucionales y el papel de las comunidades locales

A pesar de unas proyecciones generales alarmantes, los expertos afirman que sí existen ciertos avances institucionales desde la firma del tratado en 2022. Es más, hoy en día, casi el 90 % de los países que constituyen las partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica disponen de objetivos nacionales formales, y más de la mitad de estos gobiernos han elaborado ya sus propios planes estratégicos para poder alcanzar esos objetivos en sus respectivos territorios. Por otro lado, un generoso 70 % de las naciones firmantes ha comenzado a medir muy explícitamente los avances y a enviar sus cálculos preliminares frente a las instituciones internacionales, lo cual establece las bases para una mayor transparencia burocrática.

El viento que sopla a favor de parar esta degradación masiva no sopla solamente en las esferas públicas de las diversas administraciones. Las administraciones regionales, las organizaciones benéficas, las empresas privadas, los pueblos indígenas y las comunidades locales han formulado en conjunto cerca de 5000 compromisos formales de conservación.

Reformas financieras y la innegable urgencia de actuar

Para conseguir cerrar definitivamente esta peligrosa brecha operativa, el organismo internacional afirma que será necesario inyectar capital financiero y experiencia técnica hacia los países en vías de desarrollo en una escala bastante más amplia que la actual. El primer y más urgente paso que deben acometer los gobiernos es la eliminación total e inmediata de las multimillonarias subvenciones estatales que impulsan prácticas empresariales que perjudican gravemente a la naturaleza.

Estas gigantescas multinacionales deben ser recolocadas con una importante tarea hacia la protección del medioambiente actuando de forma decisiva y exigiendo por parte del sector privado normativas estrictas sobre la monitorización del impacto ecológico de las cadenas de suministro mundiales. La tarea de conseguir la resiliencia económica de los países depende de una coordinación hasta ahora sin precedentes entre el Estado, la sociedad civil y las empresas para mejorar la aplicación de las leyes medioambientales.

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