Separar el mundo entre “capacitadores y capacitados” nos podría lleva a pensar que unos son los que tienen los conocimientos, habilidades y destrezas y los otros son los que lo necesitan. De primera instancia podríamos pensar que esto es así pero antes de legitimar expresiones ligeras debemos profundizar al respecto.
El manejo forestal comunitario en sentido estricto implica que pobladores locales con posesión de áreas boscosas, independientemente si tengan o no reconocido sus derechos territoriales, tienen el control directo sobre las decisiones de manejo y conservación de esos bosques. Este control directo debe ser real, tangible y verificable. Los bosques localmente controlados son definidos por la Global Alliance of Community Forestry (GACF), la International Family Forestry Alliance (IFFA) y la International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests (IAITPTF), conocidas como el G3, como:“El derecho local que las familias y las comunidades forestales tienen para tomar decisiones relativas al manejo de los bosques comerciales y el uso de la tierra, con derechos seguros sobre la tenencia de la tierra, libertad de asociación y acceso a los mercados y tecnología.” (Elson, 2012).
En la literatura podemos encontrar denominaciones tales como manejo forestal comunitario, forestería comunitaria, manejo de bosques comunales, manejo forestal de base comunitaria, manejo forestal participativo, silvicultura comunitaria, manejo forestal colaborativo, entre otros. Así mismo podemos encontrar un término más genérico como el desarrollo forestal comunitario o más específico como empresas forestales comunitarias.
Se dice: “somos lo que comemos”; y como muchos aforismos suelen condensar una parte de verdad éste parece a simple vista estar lleno de sentido común. Pero sería bueno argumentar esta máxima y, sobre todo, profundizar en ella. Nos puede ir en ello la salud y la vida buena. Primera razón: con la agricultura con pesticidas terminamos tomando venenos en nuestra mesa
No es posible explicar la conservación ambiental solo a partir de posturas polarizadas en las que de un lado se encuentra un patrón de desarrollo agresivo contra la naturaleza y en el otro un patrón de relación armónica entre el ser humano y la naturaleza. Aunque dichas posturas son muy frecuentes, inclusive en ámbitos académicos y políticos, la realidad es más compleja.
“No pasarse de la raya”, “no abordar el semáforo en rojo” son recomendaciones que apuntan a lo mismo: a la existencia de líneas rojas que determinados movimientos sociales, autodenominados de resistencia o alternativos, y determinadas conductas poliéticas no deben sobrepasar.
En Río+20 los pueblos indígenas del mundo plantearon que se incorpore explícitamente la dimensión cultural como parte de los componentes del desarrollo sostenible y aunque no se logró este cometido dejó mucha reflexión en el camino y queda como una agenda pendiente. Esta propuesta no es gratuita porque mucho de los conflictos socioambientales que se verifican en la Región Andina finalmente tienen que ver con diferentes cosmovisiones, diferentes formas de entender y vivenciar lo que significa desarrollo y calidad de vida.
Si estamos frente a grupos con alta diversidad entonces también debemos colegir que los procesos comunicacionales no se dan de manera plana, aún hablando el mismo idioma. Cada actor llega a un proceso participativo cargando sus propias “mochilas” que inciden en la calidad comunicativa. No todos están compartiendo los mismos significados, sentires, pareceres, expectativas frente a discusiones de tipo ambiental. Resulta simplista e incluso iluso pensar que las metodologías participativas son estrategias de convencimiento de las propuestas externas en nombre del desarrollo y la conservación, conceptos además que no han sido previamente acordados.
El objetivo de esta investigación es abordar la importancia de la interfase relacional compuesta por instituciones educativas de la administración pública y empresas del sector estatal para el fortalecimiento de la gestión ambiental organizacional, lo cual ha permitido crear nuevos espacios de intercambio sobre la gestión ambiental contribuyendo a elevar el conocimiento de las dimensiones fundamentales del medio ambiente, así como a la aplicación de prácticas ambientales que elevan los resultados de la gestión ambiental en lo local.
Mientras el modelo empresarial subyacente en los promotores externos del manejo forestal comunitario ven en la acumulación un valor legítimo por el cual vale la pena desplegar esfuerzos, recursos y capacidades, para los pueblos indígenas existen valores del buen vivir que van más allá de los enfoques crematísticos, por ejemplo, valoran la salud, la disponibilidad de alimentos, la posibilidad de poder compartirlos, la unidad familiar, entre otros valores.
Según la Ley de Bases de la Descentralización uno de los objetivos es la gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. Una de las competencias específicas exclusivas de los Gobiernos Regionales refiere a la promoción del uso sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad. Además, se especifica que una de las funciones en materia ambiental y ordenamiento territorial refiere a controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción.
Lo primero que habría que diferenciar es que la palabra “manejo” obedece a una concepción de dominio humano sobre la naturaleza. El mensaje subyacente del manejo es que es factible fragmentar y conocer los mecanismos de la naturaleza para poder dominarla y ponerla a servicio del ser humano. La concepción de lo forestal tampoco es homogénea. Muchas veces se ha asociado lo forestal únicamente a las especies maderables de valor comercial. Lo forestal en sentido amplio refiere a los ecosistemas y por lo tanto incluye la flora, la fauna, el suelo, el agua, los procesos y funciones que le dan un carácter vivo. Por eso es pertinente hablar de ecosistemas forestales o de la biodiversidad forestal.
La corrupción afecta la calidad de vida, la gobernabilidad, la institucionalidad y favorece la exclusión social e inequidad. Incide además en el mantenimiento de la calidad de los ecosistemas y su capacidad de resiliencia para hacer frente al cambio climático. La corrupción es un factor que ataca directamente las condiciones de sostenibilidad y de justicia de una nación o pueblo.
De la revisión de los diversos autores que han abordado la dimensión psicosocial del cambio climático se desprende que nuestro comportamiento frente al cambio climático se basa en la forma cómo percibimos el tema. Dos factores a considerar refieren a la distancia que percibimos el problema y el grado de afectación personal o colectiva que asumimos. Omland (2011) añade un tercer factor referido a la búsqueda permanente del confort presente. Bajo esta lógica el confort futuro (o el confort de otros) no es mi problema.
Teniendo presente que la agricultura moderna es una de las mayores fuentes de contaminación causante del calentamiento global y que la agroindustria utiliza diez calorías de energía proveniente de combustibles fósiles para producir una caloría de alimento (Gore, 2010) es importante que podamos definir políticas específicas sobre la gestión integral del suelo así como hacer más visible la responsabilidad de su gestión. Es plausible que la agroexportación contribuya al crecimiento económico del país pero habría que revisar su rentabilidad ecológica para decir que efectivamente estamos haciendo buenos negocios para todos, para los inversionistas, el país y el ambiente.