El Center for American Progress (CAP) se pronunció respecto a la polémica en torno a la eliminación de protecciones sobre las tierras D-1 de Alaska y aseguró que la iniciativa, patrocinada por la administración de Donald Trump, pone en riesgo paisajes naturales de la región al avalar la apertura a planes extractivistas.
La iniciativa legislativa que amenaza los recursos naturales de Alaska
El cambio desde la administración de Joe Biden a la de Donald Trump puso en jaque una serie de normativas con implicancia ambiental que, ante el cambio de gobierno, fueron reestructuradas o, en casos extremos, quedaron sin efecto. Las reformas a los estándares de control de gases de efecto invernadero y la modificación de las nóminas de territorios protegidos fueron algunas de las decisiones que pusieron en alerta a los ambientalistas.
En esta línea, el 9 de octubre de 2025 se logró aprobar en ambas cámaras del Congreso la revocación del Plan de Gestión de Recursos (RMP) del Centro de Yukon, implementado por la Oficina de Administración de Tierras en 2024 para regular el uso de más de 13 millones de acres de tierras públicas en el interior de Alaska.
El proyecto se originó a partir de la inquietud de grupos tribales que alertaron sobre las consecuencias del avance de iniciativas industriales sobre la región. De esta manera, y bajo el reconocimiento de los derechos de los grupos indígenas y los derechos ambientales, el gobierno blindó las áreas más vulnerables prohibiendo planes de extractivismo y priorizando la protección de la fauna, la flora y los recursos hídricos.
Sin embargo, la decisión más reciente de los legisladores dio luz verde a la eliminación de restricciones a la minería, a la vez que avanzó sobre la anulación de protecciones que abarcaban más de 27 millones de acres de tierras D-1 en la región, exponiendo el hábitat de las especies salmón y caribú y, por ende, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de los habitantes.
En una maniobra similar, el gobierno federal, a través del USDA, busca derogar la Roadless Rule, para liberar zonas boscosas para el progreso de proyectos de construcción que podrían poner en riesgo la calidad del suelo y del agua.
La preocupación de las comunidades indígenas
Pese a la desregulación de los territorios, el CAP se hizo eco de las declaraciones de una integrante de Igiugig, una comunidad originaria cuya subsistencia depende casi exclusivamente de la pesca de salmón, actividad que se vería limitada ante la contaminación de las aguas que podrían desencadenar los proyectos industriales, y que continúa manifestando su resistencia.
Tess Hostetter explicó a la organización que «alrededor del 70 % de las tribus de Alaska se verán afectadas por ser retiradas de la categoría D-1». La joven remarcó que, más allá de su potencial comercial, se trata de tierras ancestrales y de la principal fuente de alimento de las comunidades tribales. «En ellas reside realmente la historia y el patrimonio de estos pueblos», declaró.
Atentos a la evolución de la conflictiva, desde el centro publicaron un análisis en julio pasado que abordó el manejo de las desregulaciones por parte de la gestión federal, y denunció que «la administración Trump está ignorando importantes consecuencias ambientales y también las solicitudes formales de la mayoría de tribus nativas de Alaska» que se oponen a la medida.
Las críticas a la política ambiental de Trump
El informe publicado profundizó en el impacto nacional de la desregulación de tierras para impulsar la industria de los combustibles fósiles. Para dimensionar la voracidad de los planes gubernamentales, la organización explicó que «Trump ha eliminado la protección de más de 100 millones de acres de tierras, mientras que el presidente Roosevelt protegió más de 230 millones de acres».
«Las acciones del gobierno alterarán permanentemente paisajes enteros e impedirán que las futuras generaciones disfruten de las tierras y aguas públicas», señalaron, por lo que pidieron a la ciudadanía reflexionar sobre la problemática y acompañar el pedido de protección de estos recursos.
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