Una coalición de representantes, encabezada por Raja Krishnamoorthi, elevó una solicitud dirigida a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO) para revisar las acciones de la EPA en materia de control de los microplásticos y nanoplásticos, tras su decisión de no incluir a estos residuos en el monitoreo de contaminantes no regulados.
La polémica decisión de la EPA respecto a los microplásticos
El dilema de la proliferación excesiva de plásticos cobró fuerza en la agenda ambiental estadounidense tras comprobarse la capacidad de este material artificial de persistir en los ecosistemas e incluso dentro del organismo, bajo la forma de partículas de tamaño diminuto que son sospechosas de interrumpir el funcionamiento celular.
En estas condiciones, los restos de polímeros fueron postulados como un factor vinculado al desarrollo de enfermedades cancerígenas, al debilitamiento de las defensas inmunológicas y a afecciones que comprometen al sistema nervioso y cardiovascular. Por este motivo, el HHS, bajo la conducción de Robert F. Kennedy Jr., anunció la puesta en marcha de una estrategia que incluye la inversión en investigación para conocer más sobre esta amenaza.
Asimismo, el funcionario celebró que las sustancias fueran incluidas en la Lista de Contaminantes Candidatos de la EPA, que estructura el estudio, la detección y la creación de medidas concretas para reducir la presencia de estos químicos tóxicos del sistema público de agua potable. Sin embargo, la entidad quedó bajo la lupa de los legisladores tras omitir a los microplásticos en el borrador de la Sexta Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados (UCMR 6), publicada en julio de este año.
De esta manera, los mismos sistemas quedaron exentos de realizar pruebas para verificar la presencia de los residuos artificiales en el flujo de agua público. El argumento de la EPA para explicar su posición fue la inexistencia de un método estandarizado y validado que permita cuantificar la presencia de microplásticos y su nivel de daño.
Al tanto de ello, un grupo de legisladores dirigió una misiva a la GAO en la que solicita una auditoría y una revisión exhaustiva de las acciones de la EPA en la gestión de microplásticos, para conocer con exactitud qué medidas lleva adelante la agencia para prevenir el agravamiento de la problemática y proteger a la comunidad de sus riesgos.
La reacción de los legisladores
Los funcionarios argumentaron que, actualmente, «el Congreso carece de un conocimiento claro sobre lo que la EPA logró en su trabajo sobre los microplásticos y qué esfuerzos faltan hacer para respaldar un monitoreo confiable, evaluación de riesgos y posibles acciones regulatorias». De esta manera, buscan obtener una respuesta concreta al interrogante sobre cuáles fueron las acciones de la entidad desde 2023 hasta el presente.
Aunque reconocieron el compromiso de la EPA en el combate contra estas sustancias mediante proyectos como la Estrategia Nacional contra la Contaminación por Plásticos (anunciada en 2024), expresaron desconfianza por su posicionamiento inconsistente, que le permitió pasar por alto estas sustancias en el monitoreo.
«Notablemente, la EPA no ha justificado científicamente, ni siquiera ha afirmado, que los microplásticos sean una amenaza para la salud pública menor que cualquiera de los otros 30 contaminantes incluidos en el borrador de la UCMR», puntualizaron. Por ello, el Congreso exige tomar conocimiento detallado de la hoja de ruta para enfrentar la expansión de estos desechos.
Un problema de salud pública
Los congresistas citaron los resultados de encuestas recientes que remarcan la preocupación del 75 % de los adultos estadounidenses, que consideran que los microplásticos representan una «crisis de salud humana que requiere acción inmediata». «Su presencia generalizada, su persistencia ambiental y su continua liberación a partir de productos de consumo subrayan la necesidad de contar con métodos confiables para medir la exposición y el daño potencial», agregaron.
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