Este 20 de julio se hará oficial la nueva regla que deroga el reglamento de «carga pública» vigente desde 2022 por parte del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS). De esta manera, se amplía la discreción de los oficiales de inmigración para negar la residencia permanente a aquellos que consideren «probables» de convertirse en dependientes del gobierno, por falta de autosuficiencia económica o uso excesivo de asistencia estatal.
El concepto modificado
La ley migratoria de Estados Unidos ya establece desde 1982 que una persona extranjera puede ser considerada inadmisible para la obtención de la visa, la entrada o el ajuste de su estatus a residente permanente si un oficial lo determina como potencial carga pública para el país. Sin embargo, la ley nunca había definido con precisión el término, aunque sí se exigía que evaluaran mínimo cinco factores importantes. Entre ellos están la edad, la situación familiar, la salud, bienes y recursos económicos, educación y habilidades.
Ahora, sin aplicar completamente la retroactividad, el DHS aclaró los detalles de cómo se modificarán las reglas y el Registro Federal publicó la medida final con sumo detalle para explicar el funcionamiento del nuevo concepto de «carga pública».
Más regulaciones para la residencia de inmigrantes en Estados Unidos
La Oficina de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) amplió la discreción de los oficiales de inmigración para negar la residencia permanente o la admisión a extranjeros que consideren «probables» de convertirse en dependientes del gobierno y de sus programas de asistencia social, sin limitarse ya a los antiguos beneficios que formaban parte de la lista oficial.
La medida oficializada por el DHS busca «restaurar el juicio y la discreción de los oficiales» para evaluar la autosuficiencia de cada inmigrante caso por caso. De esta forma, la norma que había tenido una pequeña modificación en 2022, ahora no solo contemplará la asistencia en efectivo, sino que habilita a los oficiales a tener en cuenta la recepción de cualquier beneficio público sujeto a evaluación de ingresos.
A partir de la modificación de la regla, se incluirá Medicaid, el Programa de Nutrición Suplementaria (SNAP), el Seguro de Salud para Niños (CHIP), la asistencia de vivienda federal, el Programa de Nutrición para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y otros programas de créditos fiscales. El DHS aclaró que buscará desincentivar la inscripción de inmigrantes en estos programas, ya sea por confusión o por temor.
El Registro Federal dejó en claro que más de 8000 comentarios públicos fueron recibidos durante el período de consulta y la mayoría rechazó la propuesta del DHS que complica aún más la obtención de la residencia a los inmigrantes. Algunas objeciones fueron presentadas por organizaciones médicas, de gobiernos locales y estatales y hasta por organizaciones de derechos humanos. El DHS decidió hacer caso omiso y avanza con la regla sin modificaciones.
La nueva evaluación de carga pública no aplicará a refugiados y asilados al momento de ajustar su estatus, a sobrevivientes de violencia doméstica, titulares de visas T y U y a grupos específicos de cubanos y haitianos bajo leyes específicas de ajuste.
Detalles de los cambios
Entre los cambios centrales de la nueva regla migratoria se destacan los siguientes: la eliminación de la definición de «probable de convertirse en carga pública» y del estándar de «dependencia primaria» vigente desde 2022; el fin de la limitación de la revisión de la asistencia en efectivo; la eliminación de la lista de exenciones y definiciones contenidas en el reglamento anterior; y la modificación de las reglas de las «fianzas de carga pública», que dejarían a un inmigrante fuera de la posibilidad de obtener la residencia si presenta una fianza y recibe cualquier beneficio en Estados Unidos.
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