Una carta de los representantes por Indiana, André Carson y Victoria Spartz, fue presentada ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) para pedir que se rechace la compra de AES Corporation por parte de Global Infraestructura Partners (GIP) por representar un riesgo de incremento en las facturas eléctricas de los ciudadanos por la instalación de nuevos centros de datos en el estado.
Palabras de los denunciantes
André Carson, demócrata, y Victoria Spartz, republicana, transformaron este reclamo en uno bipartidista dentro de Indiana y, en parte de la carta presentada, señalan que la demanda energética que los centros de datos previstos en Indiana plantean no tiene precedentes, ya que obligaría a sumar infraestructura de generación y almacenamiento.
Según especificaron, la intención es solicitar a la FERC que determine si las inversiones de AES Indiana, en caso de pasar de manos a GIP, irán a mejorar la red o si se podría trasladar el costo de la instalación de nuevos centros de datos a las facturas de los ciudadanos comunes. «Si un centro de datos fracasa, los clientes podrían seguir pagando por mejoras innecesarias a través de facturas más altas», advirtió Carson al plantear un escenario en el que el auge de los centros de datos no se concrete según lo previsto.
En Indiana advierten ante posible encarecimiento de electricidad
AES Corporation es la empresa que provee electricidad a Indianápolis y sus alrededores, siendo de las más grandes en este tipo de suministro en la región, y podría cambiar de dueños luego de que GIP y la firma EQT firmaran un acuerdo para comprarla a cambio de US$33 400 millones y una deuda incluida. Tras esto, los legisladores Carson y Spartz elevaron su reclamo y sostienen que el modelo de negocio del capital privado, orientado a maximizar sus ganancias, podría traducirse en facturas eléctricas más altas para los usuarios de Indiana.
Esto se argumenta en que GIP, la gran compradora, tenía al menos 40 centros de datos al presentar la solicitud de compra y también participó en la compra de Aligned Data Centers, otra empresa que posee 20 instalaciones de tecnología más en todo Estados Unidos. De este modo, se elevó el pedido a la FERC para determinar si las inversiones estarán ligadas a mejorar el servicio o no, considerando que los centros de datos se encuentran entre los mayores consumidores de energía en los últimos años.
Pero los congresistas sumaron un antecedente: un fallo de 2025 en Minnesota, donde la jueza consideró inverosímil que GIP pudiera alcanzar sus metas de rentabilidad sin incrementar las tarifas eléctricas en el estado. Con esto, no pudo avanzar en su compra de la eléctrica ALLETE, más pequeña que AES Corporation, pero que funcionaría de la misma manera.
Más adelante, la carta de los legisladores bipartidistas de Indiana contextualiza la posible compra en un momento de suba de los precios de energía, por lo que decidieron citar a la Administración de Información Energética (EIA) y el dato de que, solo en 2025, las tarifas de luz subieron 7,1 % y se proyectan incrementos aún mayores para 2026.
Palabras finales del reclamo
Todavía las palabras finales de la FERC no fueron emitidas, por lo que Carlson, defendiendo su reclamo, escribió: «Los habitantes de Indiana no deberían cargar con el peso de los altos costos de la electricidad». También recordó que en julio de 2026 envió otra consulta formal sobre la situación en Michigan con otra empresa de electricidad que tuvo aumentos consecutivos a los pocos meses de haber cambiado de dueños y ser adquirida por un fondo privado en 2014.
Desde AES indican que no se efectuarán cambios bruscos de tarifas, pero los legisladores buscan garantizar mediante la determinación de la FERC que los usuarios de Indiana y Ohio no se vean perjudicados económica ni ambientalmente.
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