Mayo se vislumbra como uno de los meses más duros para muchos inmigrantes.
La asistencia alimentaria ha sido un pilar esencial para la supervivencia en un nuevo contexto, pero a comienzos de mes comenzaron las restricciones. Un gran grupo de inmigrantes dejará de ser elegible para el programa.
¿Por qué este beneficio está a punto de desaparecer? ¿Qué grupos de personas serán los más afectados por este cambio? Y, sobre todo, ¿dónde está sucediendo esta crisis de comida?
Una mala noticia para los inmigrantes
Desde su regreso al poder en 2025, la administración de Donald Trump ha impulsado diversos cambios. Uno de los sectores que más se ha visto perjudicado es la comunidad inmigrante.
Hemos presenciado las acciones perpetradas por el ICE en cumplimiento de sus funciones e incluso el gobierno tiene en vigencia propuestas que buscan incentivar la salida voluntaria de inmigrantes en situación irregular.
Sin embargo, una ayuda que aseguraba la seguridad alimentaria como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también se ha convertido en una herramienta eficaz de exclusión.
A comienzos de este mes comenzaron a regir nuevas reglas de elegibilidad, lo que afecta a miles de familias vulnerables que buscan mantener el beneficio
Diversas organizaciones sociales y legisladores estatales han sido críticos de esta reglamentación, señalando que dejar de alimentar a la gente no es un error, sino una decisión política.
El programa SNAP no solo ha permitido sostener la calidad alimentaria en miles de familias, sino también ha fortalecido economías locales que se beneficiaban de los ingresos federales.
No obstante las restricciones implementadas desde abril, mayo será el primer mes en el que se verá reflejada la pérdida del beneficio para muchos inmigrantes.
La razón detrás del problema
La crisis actual está relacionada con ciertos criterios firmados en la “One Big Beautiful Bill Act” (HR 1), sobre todo relacionados a SNAP.
La ampliación en la edad en los requisitos de elegibilidad para personas sin dependientes ha sido la más determinante, además de incluir a los estados en la financiación del programa federal.
La reforma ha sido criticada desde varios estados. En un comunicado de prensa de Office of the Governor JB Pritzker denuncia que aquellos que pueden trabajar y no tienen personas a su cargo solo pueden recibir ayuda durante tres meses en un período de tres años, a menos que demuestren que están trabajando o tomando cursos de capacitación.
El dilema es preocupante: con los nuevos criterios, si una persona trabaja lo suficiente para cumplir con la ley, puede perder la ayuda si gana más del límite requerido. Si no trabaja lo suficiente, la ayuda desaparece.
Este mes de mayo es clave porque es el primer plazo real desde que las nuevas reglas entraron en vigor y donde se reflejará en la realidad la ausencia del beneficio en miles de personas.
Alrededor de 150 000 personas no han entregado aún la documentación necesaria para salvar su sustento, mientras otros prefieren olvidarse de todos los beneficios.
En qué estado se observa esta crisis
Uno de los protagonistas de la aplicación de este sistema es el estado de Illinois. La situación allí es muy grave porque casi un millón de hogares dependen del programa SNAP. Se estima que más de 250 000 familias se ven afectadas por los cambios en la Ley HR 1.
En ciudades como Chicago, la tensión ha escalado hasta el punto de generar manifestaciones masivas frente al Capitolio estatal, solicitando a los legisladores la aprobación de proyectos que ayuden a aliviar la situación de muchas de estas familias.
Las propuestas están alineadas a Save Our Snap, una organización que agrupa a diversas entidades sociales y religiosas que defienden los derechos de los ciudadanos de Illinois.
Entre los proyectos de ley que propuso a los legisladores se considera el pago de emergencia de 600 dólares para estas familias.
Adicionalmente, se propone asistencia especial a las víctimas de trata y violencia y crear un grupo de trabajo estatal para medir el impacto de la HR 1 y que presente recomendaciones para mitigar sus consecuencias.
Pero mientras tanto, unas 150 000 personas en el estado aún no han actualizado su situación y mayo no se presenta prometedor. Muchas personas quedarán sin asistencia alimentaria. La reforma quiere animar a la gente a trabajar, pero para quienes tienen menos recursos, parece más un obstáculo que una oportunidad real.