La reciente decisión de la EPA de dejar sin vigor una normativa que regulaba las emisiones de las granjas industriales generó un fuerte malestar entre las organizaciones ambientales. Un reciente informe de Go Green, organismo a favor de la justicia ambiental, denuncia que este nuevo marco normativo abandona la Ley de Aire Limpio y beneficia a un sector que deja aproximadamente 12 700 muertes al año.
Las declaraciones del Gobierno
En su anuncio oficial, la EPA de Donald Trump confirmó el fin a los acuerdos de emisiones ganaderas de 2005, los cuales impulsaban la medición de amoníaco, sulfuro de hidrógeno, material particulado liberado y compuestos orgánicos generados en las granjas industriales. Durante la vigencia de esta normativa, presentar informes y monitoreos era una obligación fija para los ganaderos.
No obstante, las autoridades destacan que esta normativa quedó obsoleta y la información recopilada era demasiado antigua, lo que impedía acceder a resultados confiables. «Washington pasó los últimos 50 años cargando a los agricultores con regulaciones ambientales interminables para impulsar la agenda verde. Esta administración las está revirtiendo y está devolviendo la libertad a los agricultores», aseveró Kelly Loeffler, titular de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA).
El funcionario destacó que esta decisión impulsa un nuevo escenario para las granjas industriales, que a partir de ahora deberán evaluarse según sus propios factores, prácticas, ubicación, animales que crían y sus trabajadores. Por su parte, el subdirector de la EPA, David Fotohui, celebró esta decisión, asegurando que más de 14 000 granjas saldrán beneficiadas, las cuales podrían acceder a una mayor previsibilidad gracias al fin de este acuerdo.
Reclamo de las organizaciones ambientales
Go Green fue tajante respecto a la decisión de la Agencia de Protección Ambiental. A través de un informe compartido en sus redes sociales, la organización ambiental califica esto como un abandono por parte de las autoridades de la Ley de Aire Limpio, mediante el cual pone fin a un esfuerzo de más de 20 años para desarrollar métodos de monitoreo para la contaminación del aire proveniente de las granjas industriales.
Las organizaciones ambientalistas acusan al Gobierno de beneficiar con esta normativa a un sector peligroso. Según explica el documento, la concentración de decenas de miles de animales impulsa altos niveles de contaminación provenientes de desechos que se dispersan mediante ventiladores o enormes lagunas de efluentes líquidos. Esto da lugar a la emisión de partículas finas de amoníaco, óxido de nitrógeno y compuestos volátiles que finalmente crean una mezcla tóxica.
Existen numerosos estudios que han demostrado la contribución de las granjas industriales a los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, consolidando al sector como una de las principales fuentes de contaminación atmosférica. Así también vinculan cerca de 12 700 muertes anuales en Estados Unidos a la actividad de este sector. Es por eso que consideran crucial mantener la normativa que la EPA eliminó a inicios de noviembre.
Un esfuerzo insuficiente
El discurso de la administración trumpista destaca que la decisión respecto a esta normativa era una consecuencia de la falta de resultados. Es que la agencia nunca elaboró la metodología de estimaciones de emisiones atmosféricas, mientras que la administración actual realizó notables recortes en áreas vinculadas a esta agenda. Asimismo, quedó demostrada la falta de capacidad de la EPA para abordar esta problemática.
Para las organizaciones ambientales, la Agencia de Protección Ambiental abandonó por completo los esfuerzos, incluso desmantelando sus propias herramientas. Frente a ello, grupos como Go Green o Food & Water Watch han presentado numerosas demandas para presionar a los reguladores a controlar las contaminaciones provenientes de este sector. Además, mantienen un exhaustivo trabajo de difusión en redes respecto a estas problemáticas, con el objetivo de concientizar a las personas sobre los riesgos de las decisiones gubernamentales.
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