La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, firmó su colaboración para demandar a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) y a la administración Trump por la flexibilización de la eficiencia de los combustibles para vehículos de pasajeros livianos. En la demanda, más de 20 estados y ciudades irán en contra de la regla SAFE III anunciada por la Casa Blanca y que produce polémica por ir en contra de los límites para el combustible fósil y frenar la transición hacia la electromovilidad.
¿Qué se demandará?
La ley de «Vehículos Más Seguros, Asequibles y Eficientes en Combustibles», conocida como SAFE III por sus siglas, está en disputa después de que una coalición de estados y ciudades llevó a sus fiscales generales a demandar para revertir la norma que encarecería los costos para los conductores, ya que se flexibilizarían las normas de eficiencia que benefician a los conductores.
En detalle, no solo el impacto económico sería el problema, sino que lo ambiental ingresa como otro argumento por parte de los denunciantes. Otro aspecto cuestionado es que el método de cálculo será distinto, ya que la NHTSA partía de una flota que incluía vehículos eléctricos, sumamente eficientes, que ahora no tendrán efecto real para los análisis de la industria. De esta forma, consideran que se relegan las tecnologías emergentes en favor de los combustibles tradicionales.
Demanda por la debilitación de las normas de combustibles
Las normas de Economía de Combustibles Promedio Corporativa (CAFE) tuvieron un reciente cambio en manos de la administración Trump y un grupo de fiscales generales estatales rechazó lo que consideran un «debilitamiento de las normas» de eficiencia de combustible. Jennifer Davenport es una de las últimas que se sumó a la firma de la coalición, que presentó una petición de revisión en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito.
La demanda apunta contra la administración Trump, el Departamento de Transporte, la NHTSA y los responsables de ambas agencias. La Fiscalía de Nueva Jersey, en su comunicado en el que anunció la incorporación al grupo de estados y ciudades denunciantes, explicó que estas normas ayudaban a que los consumidores pudieran ahorrar combustible en el uso de los vehículos nuevos, pero que la modificación, junto al alza en los precios de la gasolina, es un factor adicional que encarecería la movilización en Estados Unidos.
La Oficina de la Fiscal General de Nueva Jersey escribió sus argumentos en su comunicado oficial e indicó que las modificaciones en combustibles representarían unos US$220 000 millones en ahorro para los conductores, que se perderían al abandonar los estándares anteriores y beneficiarían exclusivamente a las empresas petroleras. Pero profundizó en los daños climáticos que este cambio podría dejar y señaló que ese impacto económico es valorado en cero por la NHTSA, que actuaría sin respaldo científico.
Para cerrar, explicaron que otro efecto sería el fin en 2028 del programa de comercio de créditos CAFE, que perjudicaría a los vehículos eléctricos y que evidenciaría, según la Fiscalía, la intención de la NHTSA y la administración Trump de obstaculizar la conservación de energía, tal como lo indicaba la Ley de Política y Conservación Energética del 1975, aprobada en el Congreso y que exige estándares que reflejen la viabilidad tecnológica y la practicidad económica.
¿Quiénes firmaron?
Junto a Nueva Jersey, firmaron Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Colorado, Arizona, California, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Minnesota, el Distrito de Columbia, Washington, Wisconsin y varias ciudades como Chicago, Nueva York, Denver, Los Ángeles y San Francisco. Hasta el momento, hay 27 demandantes, pero la cantidad se podría ampliar en los próximos días.
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