Boston demanda al Departamento de Transporte por cancelar una subvención que incluía cargadores eléctricos

Este martes 6 de octubre, la ciudad de Boston, a cargo de la alcaldesa Michelle Wu, presentó una denuncia contra el gobierno federal por la cancelación de proyectos viales por US$20 millones, destinados a corredores en barrios desfavorecidos y cargadores de vehículos eléctricos que representaban el 1 % del total de los fondos generales. La denuncia irá hacia el Departamento de Transporte que, según las autoridades estatales, había alentado en primera instancia sumar infraestructura de carga en el proyecto, pero ahora lo rechaza, en línea con la política de la administración Trump.

Posturas oficiales

Wu respaldó la demanda en el comunicado oficial y señaló que las subvenciones fueron adjudicadas mediante un proceso competitivo de la ciudad por atender obras postergadas durante varios años. «Seguiremos respondiendo a los ataques federales al margen de la ley», sumó Wu, reiterando su pedido por revertir la decisión con una demanda y acusando al organismo federal de actuar en contra del mandato del Congreso.

Ayanna Pressley, congresista por Boston, quien había anunciado el proyecto confirmado en 2022, ahora respondió con el revés del Departamento de Transporte y se refirió a Sean Duffy, el administrador de la agencia, diciendo: «La ley está de nuestro lado en este caso». Más adelante, solicitó dar marcha atrás a la cancelación para que el proyecto avance, beneficiando a los vecinos más desfavorecidos y a un pequeño porcentaje de cargadores para vehículos eléctricos en la ciudad.

Demanda de Boston por cancelar nuevos cargadores eléctricos

El Departamento de Transporte retiró los US$20 millones de fondos destinados para obras viales en Boston en septiembre de 2025. Sin embargo, el gobierno de la ciudad decidió presentar una demanda contra la administración Trump para buscar revertir la cancelación de los fondos. Según lo escrito desde la oficina de la ciudad de Boston, el argumento del Departamento se basa en que el 1 % del costo total correspondía a la instalación de cargadores.

Ante esto, el Departamento Legal y la organización Public Rights Project trabajan para defender los intereses de la ciudad y argumentan que el accionar del Departamento de Transporte fue ilegal y contrario a lo establecido por el Congreso de los Estados Unidos, que creó el programa que dio luz verde a los fondos. Hablamos del programa federal Reconstrucción de la Infraestructura Estadounidense con Sostenibilidad y Equidad (RAISE), anunciado por la administración Biden y el Departamento de Transporte a cargo de Pete Buttigieg.

En detalle, explicaron que el destino de los US$20 millones era un proyecto llamado Roxbury Resilient Corridors, que abarca bulevares como Melnea Cass y Malcolm X, y la calle Warren. A su vez, contempla reparaciones, mejoras en el servicio público y en la seguridad vial, accesibilidad y circulación del tránsito, además de la construcción de corredores exclusivos para autobuses y la instalación de cargadores eléctricos. Al tratarse de zonas muy transitadas en Boston, las autoridades consideran que la obra reduciría las demoras en la red de transporte público de la región, la MBTA.

Toby Merrill, director de Public Rights Project, calificó esta medida del gobierno de Trump como «ilegal y arbitraria», ya que Transporte utilizó como motivo de cancelación los cargadores eléctricos, los cuales ellos habían solicitado sumar a la inversión para la ciudad.

Más apoyo a la demanda

Según el comunicado oficial anunciando la demanda hacia el gobierno federal, varios referentes de Boston respaldaron la presentación, entre ellos el reverendo Willie Bodrick II, presidente de The American City Coalition; Monica Dean, directora de Madison Mark Development Corporation; y Norman Stembridge, copresidente del Plan Maestro Estratégico Roxbury.

Bodrick II dijo que los barrios más vulnerables de Boston aguardan desde hace décadas inversiones para mejorar las vías urbanas, el transporte público y los espacios públicos.