Una decisiva resolución climática fue adoptada por la Asamblea General de la ONU, marcando un momento a recordar en la lucha contra el calentamiento global. El texto avalado el miércoles de esta semana afirma por primera vez que proteger al planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero no puede considerarse un simple tema de política, sino que se trata de una obligación estricta en virtud del derecho internacional para los Estados miembros. El presidente de la ONU, António Guterres, alegó que esta decisión aclara contundentemente la obligación que tienen los gobiernos de proteger a sus propias poblaciones frente a una crisis climática en expansión.
Enfoques científicos y el dictamen de la justicia internacional
Este histórico enunciado de la Asamblea General supone un desarrollo inmediato del avance logrado en julio de 2025, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estimó por primera vez que los Estados tenían una obligación jurídica que dictaba proteger el medio ambiente como consecuencia del impacto de los gases contaminantes.
Los estudios científicos sobre el aumento de las temperaturas globales sirvieron de base técnica a fin de que el principal órgano judicial de la ONU decidiera que esos mismos gobiernos serían jurídicamente responsables si los Estados no cumplían con estas obligaciones, lo que conlleva la exigencia legal de detener y poner fin a la actividad ilícita, ofrecer garantías de no repetición y ofrecer reparaciones totales conforme a la gravedad del caso.
La ratificación de este miércoles lanza un mensaje claro en dirección de las corporaciones e industrias mundiales: en este sentido, el cambio climático es una regulación jurídica que forma parte de una obligación. En este sentido, Guterres sentenció que «la corte más elevada del mundo ha hablado» y la Asamblea General ha dado réplica.
Mandatos de la resolución y derechos humanos fundamentales
El documento consensuado por la comunidad internacional establece la obligación de que todos los Estados miembros de la ONU lleven a cabo todas las actuaciones necesarias para evitar causar un daño grave al clima y a la naturaleza, incluyendo de forma expresa el control de las emisiones que se producen en el interior de sus fronteras territoriales.
También se exige a todos los gobiernos, de forma urgente, que lleven a cabo de manera estricta las promesas y los compromisos climáticos existentes, asumidos en virtud del Acuerdo de París. Se invita a los países a cooperar y a coordinar esfuerzos de forma continua y constante para hacer frente a los riesgos ambientales que existen a nivel global.
Una de las grandes aportaciones del documento es que establece la conexión entre las políticas de descarbonización y la protección de los derechos humanos básicos. La resolución establece que las políticas de los países con respecto al clima han de diseñarse de tal forma que se protejan adecuadamente los derechos a la vida, la salud y a un nivel de vida suficiente para todas las personas que residan en sus territorios.
Transición energética y justicia climática global
En relación con la histórica votación que tuvo lugar en la Asamblea General, el jefe de la ONU hizo una declaración afirmando que las poblaciones que se habían encontrado históricamente menos involucradas en los orígenes del cambio climático eran precisamente aquellas que ahora estarían pagando el precio más elevado y destructivo.
Guterres matiza en este sentido que el único camino para alcanzar la justicia climática pasa ineludiblemente por una transición hacia la salida del uso de combustibles fósiles que se pueda llevar a cabo con rapidez y equidad. Para conseguir este objetivo de dimensión sectorial, la industria global deberá reorientar a gran escala las inversiones de capital hacia el desarrollo de infraestructuras limpias.