Los compromisos internacionales sobre el clima requieren de datos verídicos para pasar a acciones reales. En la cumbre climática COP31, en Turquía, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha insistido en que tener sistemas de monitoreo y rendición de cuentas efectivos puede hacer que los Estados miembros puedan monitorizar sus avances en adaptación y determinar las brechas más importantes e incluso lograr tener la capacidad de mostrar resultados. Para este organismo, la transparencia es imprescindible para desarrollar confianza y fomentar el acceso a la financiación climática necesaria.
El papel del Marco de Transparencia Reforzado
El principal instrumento para medir los esfuerzos, por lo tanto, es el «Marco de Transparencia Reforzado» (ETF) para que los países puedan dar cuenta del cumplimiento de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. Los informes bienales de transparencia son llevados a cabo cada dos años ante la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, donde los gobiernos dan cuenta de sus emisiones y remociones de gases de efecto invernadero, el progreso de sus objetivos, los impactos y la adaptación climática y el apoyo financiero o técnico que se ha recibido y que se necesitará.
Sin embargo, una evaluación técnica reciente de la FAO basada en 69 informes bienales presentados por países en desarrollo hasta un determinado periodo (noviembre de 2025, cuando se tuvo en cuenta el Balance Mundial) estableció importantes limitaciones. El análisis estableció que los capítulos sobre la adaptación son muy diferentes en su estructura y en su contenido, lo cual dificulta el uso colectivo de ellos en el Balance Mundial. Además, las normas vigentes no son del todo precisas, provocando informes fragmentados que imposibilitan ver de forma conjunta cómo se configuran las estrategias nacionales y cómo avanza su implementación.
Recomendaciones fundamentales para el proceso de revisión de 2028
Dado que las modalidades, los procedimientos y las directrices que presiden los informes se revisarán, a más tardar, para el año 2028, la FAO formuló cuatro recomendaciones fundamentales para poder perfeccionar el sistema. En primer lugar, fortalecer el ciclo de políticas de adaptación (diagnosticar, planificar, implementar, rastrear, informar y mejorar) para que los países muestren cómo la evaluación de los riesgos estructura las prioridades y las acciones a destacar. En segundo lugar, adoptar un enfoque estructural con preguntas guía concretas para poder rastrear el fundamento técnico y el avance concreto que hay detrás de cada prioridad declarada.
La tercera recomendación trata de eliminar superposiciones y redundancias estructurales dentro de las propias reglas de reporte. Actualmente, varias disposiciones solicitan información casi idéntica sin aclarar sus límites, como ocurre al diferenciar una «prioridad» de una «acción» de adaptación, o al distinguir los impactos climáticos generales de la sección dedicada a «pérdidas y daños». Consolidar esta información repetitiva, por lo tanto, podría reducir sustancialmente la carga administrativa de los gobiernos y, a la vez, aumentar la claridad analítica de los documentos presentados.
Inclusión social y evaluación de resultados
El cuarto eje fundamental del organismo constituye la llamada a integrar operativamente los elementos transversales a lo largo de la práctica de todo el ciclo de adaptación, aunque las actuales directrices ya mencionan de manera expresa la importancia de la igualdad de género, la inclusión social, la mejor ciencia disponible, así como los conocimientos indígenas y locales, en la práctica, parecen aparecer solamente como referencias breves en la etapa correspondiente a la planificación.
En consonancia con el «Plan de Acción de Género de Belém», la FAO recomienda incluir información desagregada por edad y género y también la implementación de ciertos indicadores que pongan en evidencia quiénes se benefician de las medidas o acciones a adoptar. El documento técnico también sugiere reorganizar las secciones de la evaluación, el monitoreo y las pérdidas y daños para que sean operativos.
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