Desde que asumió Donald Trump como presidente de Estados Unidos, suelen ocurrir algunas polémicas en las decisiones que toman desde la Casa Blanca. Todo esto confluye porque la administración estadounidense elige tomar medidas estrictas en cuanto a una serie de deportaciones realizadas bajo una legislación que data del siglo XVIII y, mediante la residencia oficial, sostiene que las acciones emprendidas están dentro del marco legal.
En ese sentido, en tribunales se generó un debate importante y un juez en Washington intervino en el caso, esto da a entender que emitieron una orden que suspende temporalmente las deportaciones de ciertos migrantes. Sin embargo, la decisión judicial busca aclarar si algunas de las expulsiones llevadas a cabo el fin de semana pasado incumplieron la prohibición impuesta.
Por otro lado, la determinación final sobre la legalidad de estas acciones se espera en las próximas horas y la portavoz Karoline Leavitt en la Casa Blanca, indicó que se trata de una operación ejecutada conforme a la legislación vigente. También afirmó que el gobierno confía plenamente en que los tribunales respaldarán su posición, e insistió en que las expulsiones se realizaron antes de la emisión de la orden judicial.
El uso de una ley de guerra que fue aprobada en 1798
Esta decisión de Trump despertó polémica por el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa aprobada en 1798 que fue concebida en un principio para tiempos de conflicto bélico. Esta ley permite la detención y expulsión de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. Hasta la fecha, solo se había utilizado en periodos de guerra declarada, como en la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.
Asimismo, la administración estadounidense sostiene que el contexto actual justifica la aplicación de esta medida, señalando que Estados Unidos se está enfrentando a una “invasión” derivada de la inmigración ilegal. El mandatario republicano insistió en que la situación es incluso más peligrosa que una guerra tradicional, debido a que los migrantes no llevan uniformes ni se identifican como enemigos en un conflicto convencional.
Según las cifras oficiales, de los 261 migrantes deportados, 137 fueron expulsados bajo esta ley, mientras que los demás fueron removidos en virtud de otras normativas migratorias, Estados Unidos remarca hacia dónde viajan los deportados. Además, 23 de ellos han sido identificados como miembros de la pandilla M-13, lo que refuerza el argumento de la administración sobre la peligrosidad de estos individuos.
La discusión sobre las deportaciones que enfrentan los indultos en Casa Blanca
Al plantear la discusión sobre las deportaciones, Donald Trump desató la polémica al desafiar los indultos presidenciales otorgados por Joe Biden a varios funcionarios y ex altos cargos. Durante su publicación en su red Truth Social, el exmandatario afirmó que estos indultos son “nulos y sin efecto” porque fueron firmados utilizando un autopen, un dispositivo mecánico que reproduce la firma del presidente de manera automática.
Bajo este aspecto, el mandatario norteamericano argumentó que los indultos carecen de validez porque no fueron firmados de manera manual. De todas maneras, los expertos en derecho constitucional pusieron en duda la legalidad de esta afirmación, lo que supone que los autopens para documentos oficiales fueron una práctica común en administraciones anteriores.
Por otro lado, la Casa Blanca tomó la iniciativa de responder; asegura que los indultos son en el marco de lo legal y que Trump no tiene autoridad para revocarlos (el presidente estadounidense recurre a una ley de 1798). Sin embargo, entre los beneficiados por estas medidas se encuentran el ex jefe de gabinete Mark Milley y el doctor Anthony Fauci, entre otros funcionarios de alto perfil; y en los tribunales determinará si Trump tiene facultades para seguir adelante con estas deportaciones.
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