Durante el gobierno de Donald Trump, mostró su descontento por la lentitud en la deportación de inmigrantes en Estados Unidos. Pese al endurecimiento de las políticas migratorias, las cifras de expulsiones no alcanzaron las expectativas del expresidente, lo que permitió la mayor operación de deportación en la historia del país. Cabe mencionar que, activistas de derechos humanos y organizaciones civiles denunciaron que se trata de un abuso de poder que viola las garantías del debido proceso para los inmigrantes.
Hasta el momento, el aumento de las detenciones no ha acompañado una agilización en los procesos de expulsión. Sin embargo, la falta de recursos y la burocracia judicial retrasaron la ejecución de estas medidas, lo que despertó críticas internas dentro del gobierno.
En respuesta, Trump y su equipo buscaron alternativas legales para acelerar el proceso sin la necesidad de largas disputas judiciales. Entre las opciones exploradas, el expresidente decidió recurrir a una normativa poco utilizada en la historia de Estados Unidos, con el objetivo de facilitar la deportación inmediata de ciertos grupos de inmigrantes, aquellos vinculados con actividades delictivas.
La Ley de Enemigos Extranjeros que quiere utilizar Trump
En el marco de poder ampliar sus facultades en materia migratoria, el presidente republicano determinó invocar una legislación que data del año 1798: Ley de Enemigos Extranjeros. En ese sentido, la norma da lugar a tiempos de guerra para permitir la detención y expulsión rápida de individuos considerados una amenaza para la nación sin necesidad de pasar por un proceso judicial común.
Asimismo, la Ley de Enemigos Extranjeros se utilizó en momentos de conflicto bélico, como la guerra de 1812 contra el Reino Unido y las dos guerras mundiales del siglo XX. En ese sentido, Trump justificó su aplicación en la actualidad señalando que el país enfrenta una “invasión” de inmigrantes ilegales, en particular de la banda criminal venezolana conocida como Tren de Aragua.
De esta forma, el presidente firmó proclamación en la que establecía que todos los ciudadanos venezolanos de 14 o más, vinculados a dicha organización criminal y sin residencia permanente en EE.UU (Ucrania llega a un acuerdo con Estados Unidos), serían considerados sujetos a deportación inmediata bajo esta ley. La utilización de normativas diseñadas para conflictos bélicos en contextos de inmigración podría justificar futuras acciones extremas contra comunidades extranjeras.
Las reacciones legales y el bloqueo judicial de 14 días que tiene el país
Horas después de la firma de la proclamación, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal, bloqueando la implementación de la medida por un período de 14 días. En su fallo, Boasberg argumentó que la ley no ampara la proclamación del expresidente, ya que los términos “invasión” e “incursión depredadora” hacen referencia a conflictos militares y no a la migración ilegal.
Luego, el juez también señaló que la aplicación de esta ley supondría un daño grave para los inmigrantes afectados (Trump ordena llevar a cabo un ataque). Además, en ese sentido esto sucede porque muchos serían enviados a prisiones en el extranjero o devueltos a Venezuela, donde podrían enfrentar persecución o peores consecuencias. Por el momento, la medida levantó un debate legal sobre los límites del poder presidencial en la ejecución de manera dura de políticas migratorias.
Hasta el momento, la decisión judicial obligó al gobierno a detener las deportaciones y traer de regreso a los inmigrantes que ya estaban en proceso de expulsión del país. A pesar de este revés, la administración Trump presentó de inmediato un recurso para intentar reactivar la aplicación de la ley. Además, algunos expertos consideran que la invocación de esta ley en tiempos de paz sienta un peligroso precedente en la política migratoria del país.