Con la intención de frenar la migración ilegal, el gobierno de EE.UU anunció nuevas medidas con una política de restricciones de visados dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros y otras personas que faciliten la inmigración ilegal. Esta decisión salió este miércoles por el secretario de Estado, Marco Rubio; busca fortalecer la seguridad en la frontera para impedir el tránsito de migrantes sin documentación válida hacia el país.
Bajo este aspecto, esta política se enfoca en funcionarios de inmigración, aduanas, aeropuertos y autoridades portuarias que, de manera deliberada, permitan o faciliten el tránsito de extranjeros con intención de ingresar ilegalmente al país norteamericano. Además, se incluirán personas que no apliquen las leyes migratorias en sus respectivos países o promuevan políticas que favorezcan el tránsito irregular de migrantes.
El secretario de Estado estadounidense remarcó que los países que se encuentren situados en las principales rutas migratorias tienen la responsabilidad de colaborar en la prevención y disuasión de estos movimientos irregulares. Desde el país que preside Trump, aseguraron que no cederá en su esfuerzo por proteger su seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de la ley.
Esta nueva política es una extensión de una restricción establecida en 2024
Las decisiones que se tomaron afectaron a actores del sector privado, como aerolíneas y empresas de transporte, que facilitaban el desplazamiento de migrantes irregulares hacia Estados Unidos. En ese sentido, con la modificación de la medida, ahora alcanza a funcionarios gubernamentales que, con sus acciones u omisiones, favorecen el flujo migratorio no autorizado.
De igual manera, la restricción se aplicará bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite declarar inadmisibles a individuos cuyo ingreso a Estados Unidos pueda tener otras consecuencias que no son viables para la política exterior del país (Trump podría revertir aranceles a México y Canadá y esto generó shock), en donde en algunos casos las restricciones podrían extenderse a familiares de los funcionarios sancionados.
Fue el propio Rubio quien destacó que estas medidas permanecerán vigentes hasta que los gobiernos involucrados asuman su responsabilidad y adopten políticas que frenen el tránsito de migrantes irregulares, esto se hace para poder generar la presión diplomática para que los países emisores y de tránsito implementen controles más estrictos. Con esta medida, la administración estadounidense pretende desincentivar la permisividad en los países de tránsito y reforzar el control migratorio.
Los nuevos cambios que ocurren en la seguridad de la frontera
Ante el endurecimiento de la política migratoria que responde a un aumento en los cruces ilegales en la frontera sur de Estados Unidos. Pese a estos datos oficiales, en los últimos meses se registraron cifras históricas de detenciones de migrantes que intentan ingresar sin documentación. Sin embargo, desde los altos cargos consideran que parte de este flujo se debe a la falta de controles en los países de origen y tránsito.
De la mano del expresidente Donald Trump, quien sentenció que regresará a la Casa Blanca, destacó la disminución de cruces ilegales como resultado de las medidas implementadas por su administración. Tras el discurso frente al congreso, afirmó que la patrulla fronteriza logró contener el crecimiento migratorio gracias al despliegue de efectivos y nuevas restricciones, y que su éxito de visados dependerá de la cooperación de los gobiernos extranjeros.
Luego de la ampliación de medidas previas, esta nueva política complementa la estrategia conocida como “3C”, implementada y ampliada en 2024, que logra sancionar a actores del sector privado que facilitan el transporte de migrantes irregulares (la reacción del Senado ante el pronunciamiento contra medidas arancelarias). En este sentido, Washington busca ejercer presión sobre gobiernos extranjeros para reforzar sus controles migratorios y evitar el uso de sus territorios como corredores.
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