La decisión de la justicia de Estados Unidos provocó un dolor de cabeza para la relación que mantiene la prensa y la administración Donald Trump. Un juez federal, determinó este martes que la Casa Blanca debe restablecer el acceso de la agencia de noticias Associated Press (AP) a espacios claves del ejecutivo.
Cuando se refiere a espacios importantes, se trata del el Despacho Oval, el Air Force One y otras áreas restringidas para periodistas acreditados. Este conflicto tiene origen desde cuando AP se negó a usar el nuevo nombre que el gobierno de Trump intentó imponer al Golfo de México: “Golfo de América”.
Tras tomar esta decisión editorial, la agencia recibió una sanción el 14 de febrero, que le prohibía cubrir eventos presidenciales a los que sí podrían acceder otros medios. Ante esto, AP respondió con una demanda presentada en Washington D.C., argumentando que la sanción atenta contra la libertad de prensa.
El cambio de nombre que llevó a un mayor problema para la justicia
La nueva denominación buscaba reflejar una visión nacionalista del mandatario, que sumó el lenguaje como herramienta política. Sin embargo, este cambio no fue adoptado por medios internacionales ni por otras naciones, dado que el cuerpo de agua también toca costas mexicanas y cubanas.
Al contar con presencia informativa de manera global, Associated Press, decidió mantener la denominación tradicional, junto con una nota sobre el cambio propuesto por el Ejecutivo, Trump no para con otras decisiones polémicas. Según la agencia, alterar el nombre sin consenso internacional habría puesto en duda su credibilidad editorial ante sus abonados en el mundo.
Según Trump, el nuevo nombre tenía rango legal y debía ser respetado. Taylor Budowich, subjefe de Gabinete, oficializó la prohibición en redes sociales, acusando a AP de «difundir desinformación» por no adoptar el nuevo término. La agencia mantuvo sus credenciales, pero quedó excluida de coberturas clave.
El fallo judicial que favorece a AP y deja en jaque a Trump
En las últimas horas, el juez federal del Distrito de Columbia, Trevor McFadden, que fue designado por el republicano en 2017, fue el encargado de fallar sobre el caso. Con un dictamen de 41 páginas, dejó claro que si el Gobierno abre sus espacios a periodistas, no puede discriminar entre ellos por sus opiniones editoriales.
Luego, Trevor citó la Primera Enmienda de la Constitución, ya que afirmó que excluir a AP era una violación de ese principio fundamental. Además, el fallo no exige que AP recupere el acceso permanente, ni que se le brinde un trato preferencial, pero establece que puede ser tratada de forma desigual frente a otras agencias.
Por otro lado, para la tranquilidad de la Casa Blanca, el juez dio a la administración cinco días para apelar, pero el mensaje es contundente: la libertad de expresión no puede ser moneda de cambio en el acceso informativo.
Un caso importante para el periodismo de EE.UU: más allá de una disputa semántica
En un artículo publicado en el Wall Street Journal, la directora ejecutiva de AP, Julie Pace, advirtió que la disputa no trataba sobre geografía, sino sobre el derecho de los medios a elegir sus palabras sin presiones.
Este caso no pasó desapercibido en líneas generales, sobre todo por el rol del Ejecutivo en relación a la prensa y su intromisión en las decisiones editoriales. Si bien desde la Casa Blanca intentaron señalar que el tema se trataba de una cuestión de cumplimiento legal, los tribunales se agarraron de las garantías constitucionales.
Por otro lado, este fallo para el lado de AP marca un precedente acerca de la defensa de la independencia periodística frente a la imposición oficial y por ello, la decisión del juez McFadden recuerda que la libertad de prensa no es un privilegio, sino un derecho protegido.
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