Pueblos Indígenas

Basta de saqueo a la Pachamama

Siete días de caminata, 300 kilómetros y decenas de comunidades originarias que reclamaron al gobierno de Jujuy que respete los derechos indígenas y rechazaron la megaminería en sus territorios. Organizada por comunidades nucleadas en la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, cuestionaron la avanzada de actividades extractivas y denunciaron la represión sobre quienes defienden las tierras indígenas. La extensa marcha finalizó el jueves en la capital provincial. En el marco de la jornada del 24 de marzo, unieron la bandera de “memoria, verdad y justicia” con la consigna indígena de hace décadas: “Basta de saqueo a nuestra Pachamama”.

Por Darío Aranda

Las banderas al frente de la marcha resumieron los motivos: “Por el agua y el territorio”, “no a la minería”, “por la vida en nuestros territorios”, “no a la ley 5915”. Partieron el 16 de marzo de la localidad de Casira, pasaron por La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca y Tilcara. El 21 fue el turno de una ceremonia del agua en Purmamarca y el encuentro con comunidades kollas y atacama de Susques y la Cuenca de Guayatayoc (que resisten a la minería de litio). El miércoles 22 fue el turno de las localidades de Volcán y Bárcena. Y el 23 finalizó en San Salvador de Jujuy.

 

“Repudiamos la continuidad y profundización de políticas netamente mercantilistas, neoliberales, de saqueo, represión y exterminio de nuestros pueblos indígenas”, afirma el comunicado de la Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres, espacio de articulación nacido en 2016 y que, ya desde el nombre, marca distancia de comunidades y ONG que participan del gobierno de Gerardo Morales.

 

Los referentes indígenas caminaron largas horas por la ruta. Eran niños, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos. Al llegar a otras comunidades se realizaron asambleas para informar los alcances de la ley cuestionada, la avanzada de empresas mineras y también se analizaron situaciones puntuales de cada comunidad. Se descansaba por las noches y a primera hora se volvía a marchar, con nuevos delegados (de las comunidades visitadas) que se sumaban a la marcha. Estuvieron presentes el Pueblo Kolla, Atacama, Omaguaca y Ocloya, entre otros.

 

El gobierno de Gerardo Morales aprobó en mayo de 2016 la Ley 5915, conocido como “de servidumbre” para el paso de electroductos y proyectos de generación de energía. Autoriza a empresas a ingresar y hacer uso del territorio indígena, sin respetar las leyes (tanto nacionales como internacionales) que establecen la consulta y el consentimiento de los pueblos originarios.

 

Las comunidades indígenas no tienen dudas de que se trata de una avanzada sobre los derechos y territorios indígenas. Lo entienden como un paso más para facilitar el avance minero y, precisan, es violatorio de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

 

Al asumir la gobernación, Morales nombró al frente de la Secretaría de Pueblos Indígenas a Natalia Sarapura, conocida activista kolla, del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), que recibió apoyos de algunas comunidades pero también críticas por formar parte de un gobierno que impulsa el extractivismo en territorios indígenas.

 

Ante las denuncias por la Ley 5915, Sarapura reconoció que fue sancionada sin respetar la participación indígena y convocó a una audiencia en diciembre pasado. “Ha sido una normativa que trajo controversia y preocupación. Por esa razón se decidió convocar a una asamblea de presidentes de comunidades y autoridades legislativas. Estamos dispuestos a escuchar las preocupaciones de las comunidades”, explicó la funcionaria en diciembre.

 

En la audiencia fue mayoritario el repudio a la ley, pero el Gobierno igual la sostuvo. La Asamblea de Comunidades e Indígenas Libres remarcó que exige la derogación de la norma y no una “supuesta participación” sobre lo ya sancionado. “Es una norma que atenta contra los derechos de pueblos originarios por inconsulta, inconstitucional y de despojo. Es un vía libre encubierto para el avance de empresas extractivas”, resumió Enrique González, uno de los voceros de la marcha indígena.

 

Una estrategia de los gobiernos provinciales y nacional es modificar las leyes indígenas y ambientales que puedan ser frenos al avance del modelo extractivo. La Secretaría de Minería de Nación ya reconoció los intentos de modificación de la ley de glaciares, en Córdoba se pretende una nueva norma que permita más desmontes y en Río Negro se intenta avanzar en un nuevo “código de tierras fiscales” (que avanza sobre territorios mapuches).

 

Las comunidades indígenas de Jujuy resaltaron su preocupación por la gran sequía que afecta a la zona de la Puna y la Quebrada, y denunciaron el intento de la explotación minera “Chinchillas” (de explotación de plata y plomo, de la empresa Golden Arrow) y la minería de litio (con enormes uso de agua y contaminación). También precisaron desalojos y criminalización de la comunidades Cueva del Inca y Pucará en Tilcara (en beneficio de empresarios turísticos), exigieron la entrega de títulos comunitarios y reiteraron, una vez más, la contaminación y violación de derechos de la empresa Minera Aguilar (de la multinacional Glencore-Xstrata).

 

El gobierno de Morales suele utilizar dos slogans: “Pachamama yo te cuido” y “Jujuy es Pachamama”. El kolla Enrique González, desde la marcha indígena, lo cuestionó: “Las palabras del gobierno suenan a hipocresía y a folklorismo superficial y vacío, ya que las políticas aplicadas promueven la desaparición de nuestras formas de vida tradicionales”.

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Página 12 

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  • ¡De Quebrada y Puna- Norte argentino! ¡Tantos pueblos más, habrán presentado petitorios por una educación universitaria!, por el ministerio de educación de la provincia, defensor del pueblo, legislatura provincial, cámara de diputados de la nación, senado de la nación, gobernante federal, y a otros que se consideran responsables de la educación argentina. La réplica es el silencio, su humillación, o es la respuesta del sociólogo Zygmut Bauman de “seres humanos residuales”; vidas improductivas porque no participan del mercado, por eso sus voces son enmudecidas y aun que los vemos todos los días su visibilidad es anulada o reducido sistemáticamente. Por el colonialismo ambiental que ya no se limita al ejercicio del biopoder sobre el pueblo vulnerado, sino que incluye una estructura sociopolítica y jurídica que da viabilidad a la explotación, sin consulta previa, y al saqueo de sus recursos naturales: agua, suelo, bosques, turismo, minerales: oro, plata, plomo, litio… ¡Que, mediante la convivencia y el consenso, se hagan efectivos los derechos que le corresponden al ser humano por la mera razón de existir! ¡Una Universidad Nacional!

    Expresar su adhesión, mes de agosto, a la Conmemoración Memoria de las Víctimas
    Contaminadas con Plomo-Norte argentino

    Holocausto: recordar es dignidad humana. Abra Pampa-Jujuy- Pueblo contaminado, pueblo olvidado

    Este mes de agosto sea la Conmemoración Memoria de las Víctimas Contaminadas con Plomo, el mayor caso hasta ahora conocido de genocidio del norte argentino. No podemos olvidarlo, porque entonces estaremos abriendo la puerta de par en par a una nueva ola de la vileza, el odio, el racismo, la xenofobia y la maldad, que está ahí, agazapada, siempre dispuesta a amenazar a la dignidad humana.
    Por eso es muy importante que desde las instituciones públicas se hagan esfuerzos para mantener vivo el recuerdo y se eduque a las nuevas generaciones sobre las monstruosidades que genera la complacencia a la contaminación con plomo.

    Pachamama-La injusticia dondequiera es una amenaza a la justicia en todas partes.-

    El Estado Argentino marca el Genocidio más grande de América del Sur por su
    criminalidad mediante una planificación estratégica y táctica, racionalidad y distribución de roles a fin de explotar y saquear los recursos naturales en el Norte Argentino, alias “Siberia Argentina”, un producto bio-social. Mediante la contaminación atmosférica, contaminación del agua y contaminación del suelo. El daño que produce el plomo es mayor cuando su absorción es lenta, casi invisible, sin signos y síntomas evidentes en la primera etapa, pero con graves consecuencias posteriores. Al hombre lo han esclavizado al trabajo en las minas, a la mujer la han prostituido, afectan a la fertilidad, a los niños lo han idiotizado. Sus ganados camélidos son reducidos a tiros de bala o destrozados por perros adiestrados; así como el agua contaminada afecta a los cultivos. No tienen un hospital para tratar la contaminación con plomo, tampoco hospital de niños ni maternidad infantil. El analfabetismo sigue estando vinculado al hambre, la pobreza y la exclusión. No tienen educación infantil ni universidad nacional. Son analfabetos, que no tienen acceso a las fuentes del conocimiento y son incapaces de producir nuevos conocimientos; como resultado de un genocidio argentino que premeditadamente olvida los principios fundamentales de vida de la Constitución Nacional, y leyes: de educación, de protección integral de los derechos del niño, niña, adolescente y familia; y otras.

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