La promesa ha sido la misma desde hace años.
Donald Trump y los responsables de inmigración han insistido en que las operaciones del ICE tienen como prioridad a personas consideradas peligrosas para la seguridad pública.
Pandilleros, traficantes y personas condenadas por delitos violentos han ocupado buena parte del discurso oficial.
Pero las cifras publicadas recientemente han vuelto a abrir una discusión que nunca terminó de desaparecer.
Porque una cosa es el mensaje político y otra lo que muestran los registros.
Las detenciones han aumentado y los centros migratorios vuelven a estar bajo presión
La población bajo custodia del ICE ha seguido creciendo durante 2026.
Los registros recopilados por distintas organizaciones muestran que más de 60 000 personas permanecen detenidas mientras se resuelven sus casos migratorios.
Texas y Luisiana concentran buena parte de esa población.
Con el aumento de las detenciones, también han reaparecido las críticas sobre la capacidad del sistema para absorber a tantas personas al mismo tiempo.
Abogados y organizaciones que trabajan con inmigrantes llevan meses advirtiendo sobre la saturación de algunos centros y sobre los retrasos que enfrentan muchos detenidos.
No es una discusión nueva.
Pero el incremento de las operaciones ha vuelto a colocarla en primer plano.
El Gobierno sostiene que la prioridad son los delincuentes peligrosos
Desde el DHS han defendido en repetidas ocasiones que las redadas buscan retirar del país a personas con antecedentes graves.
Ese ha sido uno de los argumentos más repetidos por la administración Trump desde el inicio de su política de endurecimiento migratorio.
Sin embargo, varios especialistas y organizaciones han señalado que el perfil de las personas detenidas es mucho más amplio.
Y los datos publicados en las últimas semanas han dado más fuerza a ese debate.
Los registros muestran una realidad distinta
ABC News revisó información oficial sobre las detenciones realizadas en los últimos meses.
Según ese análisis, aproximadamente el 3% de las personas arrestadas tenía condenas por delitos violentos graves.
Eso significa que más del 96% restante no pertenecía a esa categoría.
Por separado, un informe del Congreso también examinó las condiciones del centro temporal Camp East Montana, en El Paso, Texas.
La investigación describió problemas de gestión y deficiencias en distintos servicios, asuntos que posteriormente pasaron a ser revisados por las autoridades.
Las cifras han sido utilizadas tanto por quienes defienden una política migratoria más estricta como por quienes cuestionan la forma en que se están desarrollando las operaciones.
Y, como ha ocurrido otras veces en Estados Unidos, el debate sobre inmigración vuelve a girar alrededor de una pregunta que sigue provocando divisiones.
Si las prioridades anunciadas por el Gobierno son las mismas que reflejan los datos.
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