Cumplir con las obligaciones ya no siempre será suficiente.
En Estados Unidos, miles de inmigrantes trabajan todos los días, pagan impuestos con un ITIN, mantienen un buen historial crediticio y hacen todo lo posible por demostrar que pueden pagar un préstamo.
Muchos solo quieren comprar un automóvil para ir a trabajar, una vivienda para su familia o conseguir el dinero necesario para abrir un pequeño negocio.
Hasta ahora, los bancos se fijaban principalmente en eso.
Pero ahora aparece una nueva preocupación.
Las autoridades financieras publicaron una guía que permitirá a los bancos tener en cuenta si los ingresos de un solicitante podrían verse interrumpidos por cambios en su situación migratoria al momento de analizar un crédito.
¿Qué puede cambiar realmente para quienes buscan financiar su futuro?
¿Cómo afecta la posibilidad de deportación a la hora de pedir un préstamo?
Hasta ahora, demostrar que tenías ingresos estables, un buen historial de pagos y capacidad para devolver el dinero era lo más importante para acceder a un préstamo.
Eso era lo que normalmente abría las puertas del sistema financiero.
Sin embargo, la nueva guía federal incorpora otro aspecto que algunas entidades podrían empezar a valorar.
Los reguladores advierten que los ingresos procedentes de un empleo sin autorización legal podrían interrumpirse por un despido, un cambio en las políticas migratorias o incluso una expulsión del país.
No significa que la persona haya dejado de pagar o que sea un mal cliente.
Significa que el banco podría considerar que esos ingresos son menos estables a largo plazo.
Para las agencias de supervisión, ese también es un riesgo que las entidades financieras deberían analizar antes de conceder determinados préstamos.
¿Qué dice realmente esta nueva guía financiera y qué cosas no cambian?
Cuando aparecen noticias como esta, es fácil pensar que todo cambiará de un día para otro.
Pero la realidad es un poco distinta.
La guía fue publicada por las principales agencias encargadas de supervisar el sistema financiero estadounidense, entre ellas la National Credit Union Administration (NCUA).
Su objetivo no es prohibir que los bancos concedan préstamos.
Tampoco obliga a rechazar automáticamente a quienes no tienen un estatus migratorio regular.
Ni exige revisar la ciudadanía o la situación migratoria de todos los clientes que ya tienen cuentas bancarias.
La decisión de aprobar o rechazar un crédito seguirá siendo responsabilidad de cada banco.
Lo que cambia es que, durante las inspecciones, los organismos supervisores podrán comprobar si la entidad evaluó correctamente el riesgo de que esos ingresos puedan interrumpirse por motivos migratorios.
¿Por qué esta medida podría perjudicar a miles de familias inmigrantes?
La gran preocupación es que algunos bancos prefieran ser mucho más cautelosos para evitar problemas durante futuras revisiones regulatorias.
Si eso ocurre, podrían endurecer sus políticas internas incluso cuando la guía no les obliga a hacerlo.
Ese cambio podría sentirse en productos muy habituales, como préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas o financiamiento para pequeños negocios.
Para muchas familias inmigrantes no se trata simplemente de pedir dinero prestado.
Es la posibilidad de comprar el automóvil con el que trabajan todos los días, adquirir una vivienda o conseguir el capital necesario para sacar adelante un negocio propio.
Habrá quienes consideren que esta medida fortalece la evaluación del riesgo financiero y quienes crean que hará más difícil acceder al crédito para miles de inmigrantes.
Lo que todavía nadie sabe es hasta qué punto cambiarán las políticas de los bancos. Pero si algunas entidades deciden ser más restrictivas para reducir riesgos regulatorios, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de una solicitud de préstamo: podrían afectar algunos de los proyectos más importantes de miles de familias.
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