La marcha hacia la movilidad que llamamos sostenible, aunque ha dado lugar a un aumento sin parangón del mercado de los vehículos eléctricos, ha nacido a su vez como pregunta perentoria sobre el destino último de sus componentes. En el instante en que la mayoría de estas unidades de almacenamiento son retiradas del entorno automovilístico, aún conservan entre un 70 y un 80 % de su capacidad energética original. Cuando ya no son capaces de satisfacer las exigencias de autonomía requeridas para las distancias por carretera, todavía queda un residuo que, por su parte, representa un volumen considerable de energía aprovechable.
Aplicaciones estratégicas y el potencial de una segunda vida
El aprovechar este remanente energético abre un amplio abanico de posibilidades muy diversas para estabilizar redes eléctricas y democratizar el acceso al suministro.
Las unidades que se retiran tienen un buen comportamiento cuando forman parte de sistemas de almacenamiento estacionarios a gran escala que apoyan a los parques solares y eólicos. Están hechas a medida para, por ejemplo, dotar de energía en los torres de telecomunicaciones, centros de datos, centros comunitarios o refugios frente a desastres naturales o en situaciones de emergencia.
En el caso de las zonas rurales o de los países en vías de desarrollo donde el acceso a la red principal es muy limitado, las unidades se integran en instalaciones de energía solar fotovoltaica para alimentar microrredes de forma muy económica.
Mientras tanto, dentro de la misma industria de la movilidad y en su versión más grande y pesada, los componentes reacondicionados se emplean para dar movimiento a vehículos ligeros como las motocicletas o a triciclos eléctricos. Esta reutilización inteligente reduce considerablemente el coste de la micromovilidad y permite, siempre que los vehículos ligeros estén conectados a la red eléctrica, compensar los picos de la demanda de energía actuando como acumuladores en las estaciones de carga rápida.
Desafíos complejos: la seguridad, la economía y el comercio ilegal
Aunque el mercado de reutilización de unidades usadas puede ser muy ventajoso ecológicamente y socioeconómicamente, presenta una serie de barreras estructurales muy complejas que han limitado notablemente su crecimiento a nivel mundial.
La brusca disminución de los precios de los costos de fabricación de baterías nuevas impacta fuertemente en la viabilidad económica de los módulos de baterías usadas, cuyo precio actual depende de procesos de desmonte y pruebas manuales con alta exigencia en el trabajo. A esto hay que añadir las consideraciones críticas de la seguridad operativa y de la exposición al comercio transfronterizo ilegal, en la medida en que la carencia de protocolos estandarizados de pruebas en los países en desarrollo podría agravar la exposición al riesgo de sobrecalentamiento y de fallas en los módulos de baterías.
A la vez, las prácticas de exportación no oficiales desde países desarrollados a países en vías de desarrollo hacen que las comunidades locales sean amenazadas con convertirse en vertederos de residuos electrónicos con la máscara de la supuesta reutilización comercial.
La disyuntiva normativa entre la reutilización y el reciclado
Uno de los más grandes frenos se encuentra en el aumento de la tensión normativa que obliga, por un lado, a alargar la vida útil de los elementos y, por otro, la a acelerar su reciclaje intensivo. La compleja legislación internacional establece de forma explícita la recuperación de minerales críticos como el litio, el níquel y el cobalto.
Dichas exigencias legales se traducen en un incentivo por parte de las empresas para trabajar el reciclado directo de las unidades en desuso, pues la tipología de operación de la segunda vida presenta una fuga entre las evidencias científicas y los mercados. Los expertos piden de forma urgente pasaportes digitales de baterías y mecanismos de trazabilidad para conocer el estado de salud de la unidad una vez utilizada en el automóvil eléctrico.
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