El gobierno de California anunció la segunda fase de la estrategia de ciberseguridad estatal Cal-Secure 2.0, para prevenir ataques digitales. En plena era de la IA, la gestión de Gavin Newsom invierte en el desarrollo de herramientas para proteger la información de los ciudadanos disponible en plataformas públicas.
1. Preocupación por el potencial delictivo de la IA
El veloz avance de la inteligencia artificial abre interrogantes acerca de los posibles usos de este recurso para la concreción de delitos digitales, especialmente vinculados al robo de datos personales. Se trata de crímenes de vieja data que, sin embargo, encuentran modalidades más eficientes con el empleo de la IA.
En esta línea, la ciberseguridad se convirtió en prioridad para los gobiernos que, a través de la reformulación de marcos normativos y la incorporación de leyes, intentan cubrir los vacíos legales que dejan sin amparo de la justicia a las víctimas del malware polimórfico, el secuestro o robo de información personal o corporativa y el fraude financiero.
A cargo de la información de miles de californianos, la administración de Gavin Newsom lanzó la iniciativa Cal-Secure 2.0, para reforzar el blindaje de las plataformas estatales burocráticas. «Nuestra estrategia ayuda a garantizar que nuestro estado se anticipe a los riesgos emergentes, al tiempo que continúa brindando servicios públicos seguros y confiables», manifestó el gobernador.
2. ¿De qué se trata el plan Cal-Secure 2.0?
Lanzada en 2021, Cal-Secure 2.0 es la estrategia de seguridad desarrollada por el gobierno estatal para «abordar las deficiencias críticas en los programas estatales de información y ciberseguridad» y mitigar el riesgo de sufrir ciberataques al contar con protocolos de acción actualizados y revisados.
El plan fue diseñado para abarcar «los sistemas que los californianos utilizan a diario», como los de prestaciones sociales, atención médica, transporte y seguridad pública, con el objetivo de «salvaguardar la infraestructura crítica del estado, la propiedad intelectual y su posición como una de las economías líderes del mundo».
El proyecto fue financiado con fondos provenientes de los US$260 millones que Newsom asignó al Departamento de Tecnología de California para desplegar un programa de protección integral. «Proteger nuestros datos es una de las medidas más importantes que podemos tomar para evitar interrupciones en nuestra vida diaria y en nuestra economía», explicó el funcionario.
3. La segunda fase del programa
Este viernes, las autoridades oficializaron la inauguración de la segunda fase del programa, que estará centrada en 3 objetivos. En primer lugar, se enfocará en reforzar el personal de ciberseguridad en organismos del estado, con la contratación de recursos humanos en el área.
A continuación, promoverá el trabajo en red para que las distintas entidades articulen esfuerzos y compartan información que les permita actuar con rapidez ante el riesgo de sufrir ciberataques. «Cal-Secure 2.0 ofrece a las agencias orientación práctica y herramientas para fortalecer la seguridad, adaptarse a las nuevas amenazas y proteger mejor los servicios», afirmó al respecto Chris Given.
Por último, está previsto el incremento de la inversión destinada a modernizar los recursos tecnológicos disponibles para contar con «herramientas de seguridad más robustas» y listas para afrontar las tecnologías emergentes, incluida la IA. «Esta actualización brinda a las agencias la flexibilidad de centrarse en los riesgos que más importan para sus operaciones, al tiempo que siguen un marco común a nivel estatal», explicaron desde el gobierno.
4. California, pionera en ciberseguridad
Cabe destacar que Cal-Secure 2.0 forma parte de la amplia agenda de ciberseguridad que lleva adelante California, y que anteriormente dio lugar a la promulgación de la ley AB 656, que obliga a los navegadores a ofrecer la alternativa de «no participar en la venta de datos a terceros de una sola vez» y a proporcionar información acerca de quiénes tienen acceso a los datos en línea.
En esta misma línea, se desarrolló la Plataforma de Solicitud de Eliminación y Exclusión Voluntaria (DROP), que permite «no participar en la venta de información por parte de los intermediarios». Respecto a los avances de la IA, órdenes ejecutivas firmadas en los últimos 3 años fueron «pioneras a nivel nacional» al exigir a los responsables de IA garantizar la protección de la privacidad y las libertades civiles.
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