El presidente Trump insiste en imponer nuevos aranceles a las importaciones.
Antes, los tribunales habían bloqueado parte de sus primeros aranceles a las importaciones, pero el presidente busca una nueva forma legal para imponer tarifas de hasta el 12,5 % a casi todos los productos que entran al país.
Esta medida ha vuelto a causar preocupación en la economía y ha generado una gran oposición en los juzgados.
¿Podrán los estados detener este nuevo plan o serán los consumidores quienes terminen pagando la cuenta en su vida diaria?
La historia de los aranceles de Trump
En su segundo mandato presidencial, Donald Trump empleó gravámenes como parte central de su plan económico.
Inicialmente, utilizó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles a las mercancías que entraban al país.
Pero esa estrategia encontró obstáculos cuando fue impugnada ante los tribunales.
Los demandantes sostuvieron que esa ley no autorizaba el uso de esos poderes para imponer aranceles de esa manera, una interpretación que dio lugar al litigio.
Después de esa derrota, el gobierno buscó otras formas temporales para seguir ejerciendo presión sobre los socios comerciales.
Posteriormente, el Tribunal de Comercio Internacional también bloqueó esa estrategia, aunque el proceso judicial continúa.
Pero la situación no termina aquí, pues aunque hubo varias decisiones en contra, la Casa Blanca no cambió su política y siguió intentando apelar.
Cómo recurrió el gobierno a una nueva base legal para volver a imponer aranceles
El gobierno buscó otra forma de superar las restricciones impuestas por los jueces.
Para eso, usó el Artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Al final de julio, justo cuando terminaba el plan de impuestos temporales, la Casa Blanca comenzó a aplicar nuevos aranceles.
Estos aranceles van del 10 % al 12,5 % y se aplican a unos 60 socios comerciales. Entre ellos están la Unión Europea, Canadá, Japón, China y el Reino Unido.
Según los estados demandantes, estos nuevos aranceles alcanzan a la gran mayoría de las mercancías que ingresan al país. Lo que es distinto esta vez es la razón legal que se dio.
La administración sostiene que esta nueva medida busca presionar a los socios comerciales para reforzar el control sobre productos vinculados al trabajo forzado.
Es cierto que otros presidentes usaron antes la Sección 301 para castigar prácticas injustas de un país en particular. Pero ahora la diferencia está en el tamaño.
Tanto pequeños empresarios como expertos en economía dicen que nunca se había usado esta norma para incluir casi todo el comercio mundial en el mismo grupo.
Los estados que se rebelan e inician acciones legales
La situación llegó pronto a los tribunales.
25 estados y sus líderes presentaron una demanda. Buscaron que el Tribunal de Comercio Internacional declare ilegales los nuevos aranceles. Quieren que se devuelva el dinero ya cobrado.
La demanda es respaldada por organismos como la Office of the New York Attorney General, quienes sostienen que la referencia al trabajo forzado es un argumento utilizado para justificar una nueva ronda de aranceles tras los reveses judiciales anteriores.
Los demandantes, entre quienes están Nueva York, California, Oregón, Illinois, y las gobernaciones de Pensilvania y Kentucky, afirman que estos aranceles terminarán trasladándose a los consumidores mediante precios más altos.
La medida aumenta el costo de alimentos, materiales de construcción y productos del día a día para millones de familias y pequeñas empresas en Estados Unidos.
El futuro de estos nuevos impuestos está en manos de los jueces.
La Casa Blanca dice que es algo necesario para proteger el comercio del país. Sin embargo, hay 25 estados que están en los tribunales para tratar de detener estos cobros.
Si los estados obtienen una decisión favorable, el Gobierno tendría que modificar nuevamente su estrategia comercial. Pero si los jueces apoyan al gobierno, las familias y las pequeñas empresas del país tendrán que pagar más por los productos.
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