El continuo ascenso del nivel del mar supone una peligrosidad existencial para las comunidades que habitan en la costa de la Tierra, aunque sus violentas repercusiones están muy por fuera de la simple inundación física y el desgaste del terreno. Mientras se celebran en Nueva York las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde los líderes mundiales aprueban sus estrategias particulares y los Estados se reúnen para afrontar esta inminente crisis oceánica, se comprueba que el impacto de la salinización del agua salada amenaza, de hecho, la estabilidad socioeconómica mundial y la arquitectura de los contratos internacionales.
Peligro para la soberanía y las áreas marítimas
El nivel medio del mar a nivel global va en aumento, acelerándose a un ritmo verdaderamente preocupante por lo que se conoce como alteraciones climáticas. La Organización Meteorológica Mundial anticipa que para el año 2100 los océanos habrán aumentado de manera irremediable, como mínimo, algo más de 19,7 pulgadas, mientras que las predicciones más pesimistas de los científicos habrán llegado a una longitud total mayor que las 78,7 pulgadas de altura en las áreas más hipotecadas.
Para las pequeñas naciones del océano Pacífico tales como Tuvalu, Kiribati o las Islas Marshall, cuya área continental se extiende a la elevación promedio de aproximadamente 79 pulgadas sobre el nivel del océano, la creciente realidad del nivel del mar representa una amenaza física de una gran intensidad. Sin embargo, a pesar de la muy oscura perspectiva de perder indefectiblemente las tierras, los ciudadanos de estos Estados están decididos a no perder su nacionalidad, su identidad o su antiquísimo legado cultural. Un problema socioeconómico colateral de gravísima magnitud es la relación jurídica de las áreas marítimas exclusivas que pertenecen a estos Estados insulares.
El marco jurídico internacional y la protección del Estado
Con esta situación geopolítica histórica sin precedentes, la Organización de las Naciones Unidas representa el foro más relevante para los Estados miembros y otros actores, espacio donde poder discutir las diferentes alternativas que pueden ser ofrecidas mediante el uso de la diplomacia y a través de los sistemas normativos. En lo que respecta al derecho, la Comisión de Derecho Internacional y la Corte Internacional de Justicia han discutido en profundidad la cuestión del aumento del nivel del mar, dando respuestas muy relevantes para el futuro de las islas.
Ambas instituciones han encontrado un gran y unánime acuerdo entre la comunidad internacional sobre la necesidad de proteger la condición de Estado de estos lugares vulnerables. También han determinado que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no obliga en absoluto a los Estados a modificar sus líneas de base o sus límites exteriores de las zonas marítimas que ya se hayan establecido en virtud de la ley.
Migración climática y la implementación de naciones digitales
Con el propósito de proteger su legado, a fin de no perder territorio habitable, la nación archipelágica de Tuvalu ha iniciado una carrera extraordinariamente proactiva y, en el plano global, excepcional. Más allá de gastar millones de dólares en proyectos de adaptación de costeras para elevar algunas porciones de una tierra vulnerable, el gobierno anunció en 2022 uno de los ambiciosos planes para ser la primera «nación digital» del mundo: esta sorprendente iniciativa tecnológica pretende trasladar cada una de las funciones gubernativas relevantes en un entorno virtual seguro, lo que permitiría a la administración conmemorar elecciones, referendos, así como registrar nacimientos y defunciones de forma remota y electrónica.
Mediante la digitalización 3D de cada una de sus islas de forma que pueda recrear digitalmente su geografía, se está construyendo una nueva forma de territorio inmaterial capaz de preservar la identidad de Tuvalu ante una futura e inevitable diáspora.
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