La organización no gubernamental emitió un nuevo reporte que apunta al financiamiento público destinado a proyectos y actividades que tienen efectos perjudiciales en el medio ambiente. Conservation International señaló que «entre US$2,1 billones y US$2,7 billones se destinan anualmente a subsidios que impulsan la deforestación, la sobrepesca y la contaminación».
Los gobiernos financian la contaminación y pagan por los daños
En plena discusión global por las consecuencias negativas de la intervención humana en los ecosistemas, y mientras distintos gobiernos adhieren a acuerdos internacionales por la protección de los recursos naturales y destinan millonarias cifras a programas que promueven la descontaminación, Conservation International analizó los efectos colaterales de algunas iniciativas y actividades financiadas con dinero público.
La entidad dio a conocer esta semana el informe «Paying Twice: The Fiscal Case for Reforming Nature-Harming Subsidies», en el que reveló que las gestiones no solo gastan dinero en apoyar actividades económicas, sino que también pueden terminar asumiendo los costos de los daños ambientales que esos subsidios contribuyen a producir.
Según las estadísticas recogidas, entre US$2,1 billones y US$2,7 billones se movilizan por año, a escala global, para favorecer la agricultura, la ganadería, la pesca y otros rubros esenciales para el funcionamiento de la economía, que, sin embargo, tienen un lado B: la deforestación, la sobrepesca y la contaminación.
«Sucede en gran medida por accidente: por ejemplo, cuando el fertilizante barato aplicado en exceso por los agricultores llega a los ríos; cuando la ganadería invade los bosques, o cuando las flotas pesqueras extraen más de lo que el océano puede soportar», puntualizaron desde la organización. En consecuencia, los mismos gobiernos, además de los contribuyentes y las empresas, deben responder por los perjuicios ambientales ocasionados, cuyos costos estimados rondarían entre los US$11 billones y los US$24,7 billones anuales.
En este sentido, los expertos de Conservation International señalaron que «los gobiernos pagan dos veces». La situación se agrava al considerarse la inversión pública dirigida a la protección de la naturaleza: apenas US$210 mil millones por año. «Es una cantidad considerable, pero si la comparamos con los billones de dólares pagados en daños, es una gota en el océano», explicaron.
Principales actividades bajo la lupa
En especial, el informe hace foco en el dinero que respalda la industria de los fertilizantes. «Supongamos que el gobierno gasta un millón de dólares en la compra de fertilizantes para distribuirlos entre los agricultores (…) Una parte de esos nutrientes beneficiará a los cultivos y favorecerá su crecimiento, pero el resto podría ser arrastrado a ríos y lagos (…) Esto podría suponer unos US$10 millones en tratamiento de aguas y restauración de suelos», observaron.
Por su parte, la actividad ganadera, que constituye el primer escalafón de la industria cárnica, tiene implicancias en la deforestación de los bosques; mientras que la pesca podría asociarse a la intervención excesiva en los ecosistemas acuáticos, que deriva en la disminución masiva de ejemplares como el atún o la merluza (que tienen mayor demanda comercial), lo que requiere esfuerzos para recuperar las especies marinas.
Ante la pregunta sobre el impacto real de los subsidios, la organización remarcó que, aunque se ofrecen como una promesa para los emprendedores pequeños, generalmente «van a parar a los productores más ricos y de mayor tamaño», de acuerdo a la escala de producción y a la propiedad de la tierra.
La alternativa: reformar los subsidios para financiar la conservación
Para revertir la situación, Conservation International recomienda reencauzar los recursos públicos, priorizando las prácticas que favorezcan la conservación. Lejos de eliminar la ayuda financiera, la agrupación propone trabajar en la identificación de los subsidios vinculados a actividades que generan daños, crear incentivos que alienten la protección de los ecosistemas e involucrar a los productores más pequeños para el diseño de reformas ajustadas a sus necesidades.
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