En medio de la ola de proyectos para ampliar la red de oleoductos en EE. UU., el Environmental Integrity Project (EIP) advirtió sobre los peligros del avance de las obras en el marco de la desregulación administrativa promovida por el gobierno de Donald Trump, que pone en duda la seguridad de los sistemas y su potencial contaminante.
La desregulación que busca acelerar la expansión de los oleoductos en EE. UU.
Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump dejó clara su decisión de priorizar el desarrollo de la industria de combustibles fósiles, como una estrategia central de camino a consolidar el desarrollo económico y la seguridad energética nacional. En esta línea, el gobierno impulsó reformas a los procesos administrativos con el objetivo de asegurar el avance de los proyectos del sector en el menor plazo posible.
Como ejemplo de ello, el EIP señaló la medida anunciada en enero de este año, que permitió a la Administración Federal de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA) abstenerse de «emprender acciones coercitivas contra las empresas de oleoductos que solicitaran exenciones para evitar cumplir con normas de seguridad en el noreste, la costa oeste y Alaska».
De esta manera, el gobierno estaría debilitando normas esenciales en materia de seguridad. La organización también acusó al gobierno de utilizar la Ley de Producción de Defensa (que data de la época de la Guerra de Corea) «para respaldar su argumento de que los oleoductos son esenciales para la defensa nacional», y justificar el progreso de las iniciativas «a pesar de las graves preocupaciones medioambientales».
Bajo este mismo argumento, la semana pasada la Casa Blanca confirmó su intención de usar fondos de la Ley de Producción de Defensa para proporcionar US$42 millones al «controvertido» oleoducto Constitution Pipeline, que busca conectar Pensilvania con el norte de EE. UU., a pesar de la oposición manifiesta del estado.
Según estimaciones del EIP, actualmente son 193 los proyectos planificados que representarían, en total, la adición de 27 mil km de tuberías para el traslado de gas natural en territorio estadounidense. «De completarse, los sistemas podrían transportar casi 126 mil millones de pies cúbicos de gas natural al día», calcularon.
Preocupación por los riesgos ambientales
Teniendo en cuenta que el contenido que transportarían las tuberías (que atravesarían Texas, Luisiana, Pensilvania e Illinois) resulta altamente contaminante para el ambiente, los activistas asociaron la desregulación en la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad con el aumento del riesgo de explosiones, fugas y contaminación.
«Cuando se construyen miles de km de oleoductos peligrosamente cerca de nuestros hogares, comunidades y vías fluviales, deberíamos examinar con mayor rigor el cumplimiento de normas de seguridad, salud pública y medio ambiente, en lugar de eximir a las empresas de responsabilidades», observó Jenn Duggan, directora ejecutiva del EIP.
Para dimensionar las consecuencias de los accidentes vinculados a la liberación de combustibles fósiles, la entidad recordó el caso de una grieta en el gasoducto en West Reading, Pensilvania, que provocó una explosión y causó la muerte de siete personas en 2023.
Paralelamente, el EIP apuntó a la intención del gobierno federal de restringir la capacidad de los estados de utilizar la Ley del Agua Limpia para exigir la protección de ríos y arroyos, que podrían ser contaminados por los oleoductos; y denunció que la gestión Trump está «acelerando la revisión de los permisos para humedales», poniendo en riesgo el hábitat de decenas de especies.
Recomendaciones para defender los intereses industriales ambientales
En este escenario, los especialistas hicieron hincapié en la remoción de la declaración de emergencia energética, sobre la que se ampara el proceso de flexibilización de revisiones y control. En sentido contrario, exigió el endurecimiento de las normas de seguridad e inspecciones.
En cuanto a la discusión sobre la Ley del Agua Limpia, el EIP subrayó que los estados deben conservar la potestad de evaluar y decidir si aprobar o denegar los permisos en función de su conveniencia a los intereses comunitarios. Sobre los humedales, recomendó a las autoridades estatales y al Congreso reforzar la protección, considerando que son fundamentales para la prevención de inundaciones, la supervivencia de la fauna y la absorción de CO2.
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