La expansión de los centros de datos puso de manifiesto la tensión entre los intereses de las compañías desarrolladoras, el Estado y las comunidades locales, que ven en los servidores de la IA una amenaza para las economías locales y los recursos naturales. En plena ola de regulaciones para controlar el fenómeno, la American Planning Association (APA) señaló los aspectos que las autoridades deben tener en cuenta antes de imponer sus restricciones.
1. Hay límites legales que pueden frenar los intentos de prohibición de los desarrollos
La discusión sobre el costo-beneficio de permitir la instalación de centros de datos exigió a las autoridades equilibrar los intereses de las compañías tecnológicas con el agitado reclamo de las poblaciones que se oponen a la construcción de estas instalaciones. Según Gallup, actualmente el 48 % de los estadounidenses afirma estar en contra de estos proyectos.
En respuesta a estas demandas, distintos estados avanzaron en el diseño de restricciones para detener el avance de las obras. Sin embargo, desde la APA recordaron que existe un margen legal para impedir el bloqueo en la construcción de centros de datos, bajo la premisa de que los servicios públicos están obligados a no discriminar a sus clientes.
«Todos los estados exigen a las empresas de servicios públicos suministrar electricidad y agua a los usuarios potenciales (…) Las exigencias de rechazar los centros de datos y negarles conexiones fundamentales violan este principio fundamental», señalaron desde la organización.
A modo de ejemplo de cómo las regulaciones previas pueden contradecir las estrategias regulatorias nuevas, la APA citó el caso del condado rural de Hill, en Texas. Allí, las autoridades aprobaron una moratoria de un año para detener el avance de los centros de datos, que fue revocada tras la denuncia de un desarrollador, amparada a su vez en una ley estatal de 2025 que prohíbe las moratorias sobre usos específicos del suelo.
2. Es posible demorar permisos, pero las justificaciones deben ser sólidas
En segundo lugar, la APA se refirió al derecho de los gobiernos estatales y locales a retrasar el avance de las obras ante la falta de infraestructura eléctrica e hídrica para abastecer las nuevas operaciones. «Un desarrollador no puede acelerar el proceso con una demanda si no existe infraestructura que soporte las nuevas cargas», explicaron.
De esta manera, la ralentización en la concesión de permisos está respaldada por la ley y abre paso a un período útil para estudiar planificaciones para responder a las demandas de los usuarios. Aunque la entidad también remarcó que deben existir pruebas concretas que justifiquen la extensión de los plazos.
3. Se deben revisar las tarifas de servicio eléctrico
La cuestión sobre las reformas tarifarias para prevenir que los clientes individuales paguen por la sobrecarga de la red eléctrica, apuntalada en el consumo de los centros de datos, también fue tratada por la APA. Al respecto, defendió el establecimiento de nuevos esquemas como los de Virginia y Oregón, que identifican a las instalaciones de la IA en una categoría aparte de consumidores, para evaluar con exactitud el impacto de su actividad.
En esta línea, los analistas también advirtieron sobre la preocupación de que los proveedores de electricidad estén inflando los costos de servicio con base en un volumen de desarrollo hipotético que no podría llegar a concretarse en la realidad, «generando costos irrecuperables en la construcción de infraestructura que no será necesaria».
4. Los criterios de zonificación deben ajustarse a las nuevas demandas
Finalmente, la entidad tomó parte en el problema de la cesión de territorios para estas instalaciones. Si bien reconoció que las ciudades pueden regular la ubicación de los centros de datos con base en sus códigos de planificación y zonificación, existen municipios que no cuentan con herramientas legales que contemplen la instalación de los centros de datos.
«Esto los deja sin fundamento para aplicar restricciones y permite la aparición de centros en zonas que podrían ser inapropiadas», señalaron. En este sentido, la APA abogó por establecer marcos regulatorios claros y basados en el impacto real de estos proyectos en la salud y el uso del suelo, y mantener la coherencia con normativas que ya rigen usos afines.
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