Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda, suspendieron la sesión programada para debatir la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mejor conocida como «cobranza delegada». Esta iniciativa propone el descuento automático de deudas financieras del salario de los trabajadores sin su consentimiento.
Los senadores del PAN y PRI denunciaron que Morena, junto con sus aliados del PT y PVEM, intentaban aprobar la medida sin una discusión adecuada. Según los legisladores Ricardo Anaya (PAN) y Claudia Anaya (PRI), la iniciativa constituye un embargo directo al salario de los trabajadores mediante la nómina, lo que atenta contra sus derechos laborales.
Ambos cuestionaron si la presidenta Claudia Sheinbaum estaba al tanto de la situación y subrayaron que la medida es inconstitucional. Asimismo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya se había manifestado en contra de esta reforma, lo que refuerza las dudas sobre su viabilidad. La iniciativa, impulsada por el diputado y líder sindical Pedro Miguel Haces Barba, ha sido calificada como un atropello a los derechos de los trabajadores.
Las implicaciones legales y constitucionales: ¿Qué pasa con la reforma?
Ricardo Anaya advirtió que la reforma viola tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, ya que el Artículo 123 establece que el salario es inembargable. Además, la Ley Federal del Trabajo protege la totalidad del sueldo de los trabajadores, retenciones solo para el pago de pensiones alimenticias. La reforma, según Anaya, introduce un mecanismo irrevocable que podría llevar a situaciones de endeudamiento.
El senador panista explicó que el 75% de los trabajadores en México vive al día, por lo que aplicar descuentos automáticos podría generar una crisis económica en muchas familias (el senado suma paquetes de leyes secundarias sobre energía). Sin embargo, la posibilidad de que los empleados no reciban su salario completo podría afectar su capacidad de cubrir necesidades básicas, aumentando la desigualdad y la pobreza.
Por su parte, la senadora Claudia Anaya afirmó que el PRI está en contra de la iniciativa y que su partido ya había votado en contra en la Cámara de Diputados. La legisladora argumentó que permitir descuentos directos en la nómina abre la puerta a abusos, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad financiera extrema.
Para tener en cuenta los antecedentes y reacciones de las Comisiones
El Senado retomó la discusión de esta reforma tras su rechazo inicial en legislaturas anteriores. En 2023, la Cámara de Diputados aprobó la propuesta, pero fue objetada por diversas instancias, incluyendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Ambas instituciones consideraron que la iniciativa es injusta y lesiva para los trabajadores.
A pesar de su apariencia técnica, la reforma implica que si un trabajador adquiere un crédito con determinadas entidades financieras, su empleador podrá descontar automáticamente los pagos de su sueldo. Estos descuentos podrían aplicarse también a prestaciones laborales como el aguinaldo o las utilidades, reduciendo significativamente el ingreso disponible de los empleados.
Es importante destacar que esta medida no afectaría los créditos otorgados por bancos o instituciones como Infonavit, FOVISSSTE o Fonacot. Sin embargo, sí impactaría a trabajadores con préstamos adquiridos a través de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), como Baubap, Kueski o Tala, las cuales ofrecen financiamiento sin regulaciones tan estrictas como los bancos.
Las críticas que recibe el esquema de cobranza delegada
Desde su concepción en 2020, la reforma ha recibido fuertes críticas. En 2022, Luisa María Alcalde, entonces titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se opuso firmemente a la propuesta, reafirmando que los salarios de los trabajadores no pueden ser embargados. Según la exfuncionaria, la posición del gobierno federal siempre fue proteger los derechos laborales y evitar que los empleados sean víctimas de abusos financieros.
La Condusef también se pronunció en contra de la iniciativa, argumentando que vulnera el Artículo 1 de la Constitución, al restringir y desconocer derechos fundamentales (enterate que dice Sheinbaum sobre la soberanía del país). Además, la institución advirtió que el sobreendeudamiento por esta medida podría colocar a miles de trabajadores en una situación económica crítica, impidiendo su subsistencia adecuada.
Además, la Condusef indicó que la retención automática de salarios incrementaría la carga administrativa para las empresas, al obligarlas a gestionar los pagos a las entidades financieras. Expertos como Mario Di Constanzo advertieron que esta reforma otorga validez legal a un mecanismo que beneficiaría a las Sofomes, en detrimento de la estabilidad financiera de los trabajadores.
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