Los sistemas financieros se ven presionados para apoyar al sector agrícola ante la creciente cantidad de catástrofes naturales. Un informe del Banco Mundial invita a cambiar los sistemas de crédito en el funcionamiento del sistema financiero para proteger a los productores. Los choques climáticos producen una crisis silenciosa y amenazante para la seguridad alimentaria y desestabilizan las economías regionales. No se trata de que la preparación esté ausente, sino que se ha cultivado entre millones de trabajadores rurales la falta de preparación al secar las fuentes de inversión productiva justo cuando son necesarias.
Consecuencias de las catástrofes sobre la producción y el crédito
La agricultura representa más de la mitad de la mano de obra en muchos países, mientras que el sector solo alcanza entre el 2 % y el 3,5 % del total de préstamos. Este ajuste financiero pone de manifiesto una incapacidad institucional actual para manejar altos riesgos.
Las inclemencias meteorológicas asestaron todos los años hasta el 5 % de la producción mundial, según el caso, subiendo al 8 % en África. Las pérdidas agrícolas conforman casi una cuarta parte de los daños económicos producidos por las catástrofes en los países en desarrollo.
Los desastres naturales son la causa más importante de las cesaciones de pago en préstamos agrícolas, superando las plagas o las variaciones de precios del mercado. Las crisis climáticas son una causa que provoca cesaciones de pago a gran escala en regiones enteras y detiene la liquidez operativa de los prestamistas. Las instituciones que el Banco Mundial encuestó enfrentan eventos extremos cada año y por cada emergencia, las instituciones se ven obligadas a anular el 10,7 % de su cartera de préstamos agrícolas en promedio.
La viabilidad de los productores y las estrategias de mitigación
Los datos del Banco Mundial proporcionan indicios prometedores sobre la recuperación de los productores. Tres de cada cuatro prestatarios que faltan en los pagos tras un desastre siguen siendo viables. El 81 % de estos prestatarios logra cancelar sus deudas. Los números muestran que los daños son reparables cuando los prestamistas disponen de instrumentos para salvaguardar a sus prestatarios durante periodos de volatilidad. La preparación institucional hace la diferencia entre la recuperación del productor y el cierre del negocio agrario.
Las entidades financieras con productos de préstamo que se adecuan a contingencias climáticas amortizan solo el 8,5 % de su deuda y el 24,5 % si no poseen planes específicos. Las firmas con políticas para la recuperación del crédito reducen las pérdidas al 5,4 %. Las estrategias que funcionan abarcan la indulgencia temporal, la asistencia técnica y la disposición de capital adicional, que amortizan los castigos contables en un 5 %. Los reguladores nacionales no tienen posesión de los instrumentos técnicos necesarios para ensayar estos útiles planes de respuesta rápida.
Sugerencias para conformar ecosistemas resilientes
El riesgo crediticio ligado al clima supone la existencia de coordinación proactiva. Las instituciones financieras deben crear instrumentos que consideren explícitamente los riesgos ambientales, que construyan reservas de liquidez y colaboren con las aseguradoras. Los reguladores deben integrar el análisis de desastres en sus marcos de supervisión habitual. La operación de clasificaciones de préstamos refrescados y la extensión de los periodos de gracia ayudarán a la recuperación productiva, evitando que un cliente con potencial de viabilidad quede excluido del circuito financiero formal.
Los legisladores tienen la obligación de conformar ecosistemas de prevención robustos. El informe del Banco Mundial propone facilitar el cruce de datos entre las agencias meteorológicas y los prestamistas a partir de infraestructuras públicas digitales como AgriStacks. La conformación de las redes de seguridad protegerá a las cooperativas de ahorro que habitualmente atienden a las poblaciones rurales y vulnerables. Los gobiernos deben evitar programas de condonaciones de deudas improvisados y prácticas que debilitan la disposición a pagar y que conllevan la retirada definitiva del crédito.
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