La Oficina del Analista Legislativo de California oficializó que la votación por la Proposición 45 se realizará el próximo 3 de noviembre de 2026 y los electores podrán escoger entre mantener el sistema actual o adoptar nuevos procedimientos con menos instancias de impugnación para revisar el impacto ambiental de obras públicas y privadas. En un intento de agilizar las tareas y desregular el control sobre el medioambiente, la medida podría seguir adelante si los votantes así lo deciden.
Así funciona hasta hoy
La Ley de Calidad Ambiental de California se aplica a los proyectos que podrían afectar el ambiente. Si estos no pueden evitarse con cambios menores, es necesaria la realización de un informe de impacto ambiental, con el que se analizan los posibles daños y se plantean alternativas para mitigarlos. A partir de este estudio, se reciben comentarios públicos y los testimonios de otras agencias interesadas en involucrarse.
En caso de ser un proyecto aprobado, pasa a la siguiente instancia y los individuos pueden demandar si consideran que la aprobación no cumplió con la ley, lo que puede derivar en la suspensión de la obra si el tribunal lo determina hasta que se corrija la falla.
La votación para cambiar la revisión ambiental en California
California podría modificar su ley de calidad ambiental que obliga a las agencias gubernamentales a evaluar los efectos ambientales de los proyectos antes de ser aprobados. El próximo 3 de noviembre, los votantes podrán elegir entre el sí y el no. El voto afirmativo habilitaría los nuevos procedimientos de revisión e impugnación judicial, mientras que el negativo mantendría el sistema vigente para los proyectos de aquí en adelante.
Las posturas son diversas y los sectores empresariales promueven el voto afirmativo, ya que lo consideran una herramienta contra las demoras. Pero las organizaciones ambientales y los sindicatos de California advierten que esto podría ser una pérdida de controles.
La Proposición 45 establece que los responsables de sistemas de agua, obras viales y de vivienda podrán elegir qué procedimiento seguir para obtener la aprobación ambiental, con la posibilidad de omitir el estudio detallado establecido por los antiguos procedimientos. A la vez, quienes se opongan a la obra tendrán un margen de acción menor en la Justicia, por el tiempo para presentar comentarios, que será más acotado, y porque los jueces podrían analizar menos aspectos en una demanda presentada, sin la posibilidad de frenar la obra por completo.
Desde la Oficina del Analista Legislativo de California explicaron que esta nueva modalidad de evaluación ambiental podría implicar gastos que superarían los US$100 millones anuales. A largo plazo, establecen que el efecto es incierto, ya que podrían ejecutarse obras más rápidas y de menor costo para el sector público, lo que incrementaría la recaudación, pero los daños ambientales podrán generar gastos adicionales importantes.
Las posturas diversas
La Cámara de Comercio de California se mostró a favor de la medida e indicó: «El tiempo es dinero». Con esto, explican que las demoras suelen encarecer los proyectos, sin hacer referencia al impacto ambiental en caso de aprobarse la Proposición 45. Por su lado, la Asociación de la Industria de la Construcción del estado, con un análisis propio, sostiene que reduciría en US$75 000 el costo de cada vivienda construida por la agilización de los permisos.
Pero los argumentos en contra también aparecen, como lo hicieron desde la Facultad de Derecho de Berkeley y el experto en derecho climático, Ethan Elkind, quien afirmó: «Esto no es para nada quirúrgico». Además, explicó que reduce la participación de la comunidad frente a las decisiones del sector privado sobre el territorio estatal o estadounidense a nivel federal.
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