Se hizo oficial el pedido del fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, de la creación de una nueva categoría de tarifas de electricidad específica para los centros de datos, clientes de la empresa Duke Energy. Como una solución a las elevadas facturas que llegaron a los hogares de la comunidad, y en respuesta al rechazo de la sociedad hacia estas instalaciones de inteligencia artificial que consumen grandes cantidades de energía, la Comisión de Servicios Públicos del estado recibió la propuesta y deberá evaluar la propuesta mediante un proceso especial solicitado por Jackson.
Más reclamos por consumo
Existen casos previos de la misma naturaleza en Carolina del Norte que también involucran a Duke Energy Carolinas, y también tienen la firma de Jackson como fiscal. En meses pasados, rechazó aceptar una suba de 9,5 % para todos los usuarios residenciales de la filial del estado o el aumento del 15 % de Duke Energy Progress, que representaba US$960 millones en incrementos que, desde la Fiscalía General, señalaron como «innecesarios» para al menos los próximos dos años.
Algunas cuestiones quedaron pendientes de aquellas decisiones, pero ahora la categoría de centros de datos podría traer alivio y discriminar legalmente los distintos usos de energía.
Nuevas reglas de tarifas para centros de datos
Carolina del Norte plantea imponer una nueva categoría de tarifas energéticas específica para centros de datos y suma casos similares que aún están bajo análisis del ente regulador. Debido a la alta demanda energética que imponen sobre la red eléctrica, la Fiscalía General busca una respuesta en manos de la Comisión de Servicios Públicos para modificar la norma.
En palabras de Jackson, la categoría traería una responsabilidad para que los distintos centros de datos se rijan por las mismas reglas, que los costos y riesgos que generan estas instalaciones no recaigan sobre las comunidades y que los clientes en general de Duke Energy conozcan sus condiciones de antemano. Además, añadió: «Se está incorporando una cantidad de centros de datos sin precedentes y sin un plan claro sobre cómo proteger a los usuarios de tarifas elevadas y riesgos inaceptables».
De este modo, se transforma en la tercera intervención ante los reguladores de Carolina del Norte para buscar respuesta acerca de los aumentos de facturas de los habitantes de todo el estado. Anteriormente rechazó aumentos, pero ahora quiere responsabilizar a las compañías del incremento del consumo. «Estos centros de datos están alterando nuestro sistema energético y necesitamos saber que la Comisión de Servicios Públicos está asegurando que estos paguen por la presión que ejercen y así no imponer una carga injusta a los ciudadanos», sumó para cerrar la idea central del debate.
A la vez, el plan estatal de bajar la emisión de carbono, llamado Plan de Carbono, se relaciona directamente con la proliferación de los centros de datos en Carolina del Norte. Consecuentemente, Jackson pidió a los reguladores exigir a Duke Energy publicar su modelo de contrato que utiliza con los centros de datos y el resto de grandes consumidores para estimar cómo aplica el plan que tiene como meta bajar los gases dañinos en un plazo de 90 días y no en 6 meses, como se había estipulado con anterioridad.
Propuesta concreta
La propuesta de la Fiscalía General para aliviar la carga a los usuarios residenciales consiste en establecer condiciones claras para los distintos tipos de clientes. El objetivo es evitar que los costos de conexión de los centros de datos a la red eléctrica se traduzcan en riesgos financieros para los hogares. Esto se impulsa en los expedientes tarifarios de Duke Energy (docket E-7 Sub 1329) y Duke Energy Progress (docket E-2, Sub 1380), que están en manos de la Comisión de Servicios Públicos.
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