El Institute for Policy Studies se hizo eco de la contundente medida tomada por el gobierno de Nueva Jersey para sancionar a uno de los centros de datos más grandes ubicados en el estado, propiedad de DataOne. Según lo dispuesto, la corporación deberá responder económicamente por emplear centrales de gas para abastecer sus instalaciones sin contar con los permisos pertinentes.
Nueva Jersey da un paso fundamental hacia la regulación de los centros de datos
La discusión en torno al impacto negativo de la expansión de los centros de datos se enfatiza día a día, con nuevos casos que dan cuenta de las consecuencias que la actividad de estos campus tiene en el medio ambiente, vinculadas a su alto consumo energético, que también compromete las facturas de los usuarios comunes.
Ante la necesidad de contar con un flujo de energía capaz de abastecer operaciones ininterrumpidas de procesamiento de información, las compañías tecnológicas continúan apostando por las fuentes tradicionales, basadas en el uso de hidrocarburos, al margen del compromiso de algunas big tech, como Google o Meta, de incorporar opciones renovables en su sistema de generación de electricidad.
En este escenario, marcado por el aumento de la demanda energética y el uso de la quema de combustibles fósiles para satisfacerla, la preocupación por la contaminación atmosférica llevó a las autoridades del Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) a imponer la que sería «la multa más alta de su historia», al decir de The Guardian, a un centro de datos ubicado en Vineland.
Según comunicó el NJDEP, la medida tomada contra DataOne se decidió tras la constatación de que en las instalaciones operaban «62 grandes generadores de energía a gas natural» que no contaban con autorización estatal. Desde el departamento puntualizaron que se trata de centrales «emisoras de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y otros contaminantes», por lo que su intervención no se hizo esperar.
Una sanción ejemplar
El NJDEP consideró que el comportamiento de la firma representó una transgresión a la Ley de Control de la Contaminación Atmosférica, que obliga a cualquier generador con una capacidad superior de 37 kW o superior a contar con los permisos ambientales de calidad y a someterse a revisiones que acrediten la seguridad de su infraestructura.
De esta manera, la estrategia corporativa de DataOne para evitar someterse a procesos administrativos que podrían retrasar el comienzo de las actividades en los centros de datos acabó por costarle una multa de US$1,07 millones que le fue impuesta por las autoridades estatales.
«La administración de Sherrill exige rendición de cuentas y responsabilidad corporativa en la construcción y operación de centros de datos, y se compromete a establecer salvaguardias legales y regulatorias para proteger a usuarios y al medio ambiente», defendió el comisionado del Departamento de Protección Ambiental (DEP), Ed Potosnak.
El funcionario remarcó que la sanción sienta un precedente histórico que servirá de ejemplo en materia de política regulatoria para supervisar el desarrollo agresivo de centros de datos en EE. UU. En esta línea, desde el Institute for Policy Studies acompañaron la decisión, considerando que los estados deben contar con herramientas legales claras para hacer frente a los efectos de la industria emergente.
La agrupación progresista, reconocida por acompañar reclamos ecológicos, remarcó el daño ocasionado por DataOne a la comunidad de Vineland, considerando que las centrales de gas operaban y emitían sus gases contaminantes en las inmediaciones de vecindarios y escuelas. «Exijamos responsabilidades a quienes contaminan», manifestaron sus integrantes.
La respuesta de Data One
The Guardian recogió los comentarios expresados por un portavoz de la compañía a Floodlight, en los que aseguró que DataOne se encuentra en proceso de transición hacia la adopción de «pilas de combustibles silenciosas y de bajas emisiones». Además, dejó clara la disconformidad con la resolución del NJDEP, aunque ratificó que solicitarán los permisos requeridos, con disposición a ajustarse a las exigencias de la legislación local.
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