El grupo Save Ohio Parks alzó la voz para acompañar el reclamo de los productores rurales que sufren los efectos de los cambios regulatorios promovidos por la gestión Trump, en medio de un panorama geopolítico tensionado por la guerra arancelaria.
El contexto global que desalienta a los productores agrícolas
Save Ohio Parks se hizo eco de la dura situación por la que atraviesa parte del sector agrícola, que sufre los efectos de las políticas comerciales del gobierno republicano. Para los granjeros, la guerra arancelaria que encabeza el presidente Trump tiene un alto costo: la restricción del acceso de la industria local a insumos básicos, cuyos precios son inflados por los gravámenes impuestos a EE. UU. a modo de represalia.
La organización ambientalista hizo foco en el problema de los fertilizantes, suministro en su mayoría importado, y cuyo precio se disparó tras tomar impulso por el bloqueo del estrecho de Ormuz y los impuestos aplicados al mercado estadounidense. Al respecto, el agricultor Chris Gibbs afirmó ante el Ohio Capital Journal que el precio de los fertilizantes nitrogenados ya se encontraba en alza a fines del 2025, y la guerra en Irán aceleró aún más el incremento.
Por este motivo, apuntó a la necesidad de contar con programas federales y un marco normativo que acompañe la crisis por la que atraviesa el sector. Cabe destacar que, mientras tanto, el USDA lleva adelante una cartera de medidas orientada a consolidar la producción nacional de estos químicos, para romper con la dependencia de los proveedores extranjeros.
En julio, el organismo dirigido por Brooke Rollins anunció la transferencia de US$500 millones para financiar el Programa de Inversión y Expansión de Fertilizantes para el Suministro Nacional a Largo Plazo (FIELDS). Asimismo, se comprometió con la aceleración de megaproyectos que jugarán un rol clave en la cadena de suministro doméstica, como la planta Blue Point ubicada en Donaldsonville, Luisiana, diseñada para convertirse en la fábrica de amoníaco bajo en carbono más grande del mundo.
Otra de las problemáticas gestadas a partir del conflicto arancelario fue la desventaja del mercado agropecuario estadounidense frente a otros países, sobre todo de origen sudamericano. A ello se suma la decisión de la administración federal de facilitar la importación de productos clave como la carne, hecho que también fue señalado por Joe Logan, presidente de la Unión de Agricultores de Ohio, como una variable desalentadora para el rubro.
Recortes en el USDA
En segundo lugar, la organización defensora de los parques estatales apuntó contra los recortes de personal dentro del USDA, que podrían traducirse en la extensión de trámites administrativos vinculados a la revisión de calidad de los granos y su procesamiento en puertos y plantas, como también su exportación.
Según Logan, una de las consecuencias prevenibles que trajo la «mala gestión» del departamento fue la demora en la respuesta a la aparición de enfermedades como la ciclosporiasis en los cultivos. «Antes, no solo conocíamos el patógeno, sino también su origen, porque contábamos con sistemas de vigilancia», afirmó, marcando contraste con la situación actual.
Discusión por los efectos de la Ley OBBBA y la Farm Bill
Por último, Save Ohio Parks señaló el daño ocasionado por One Big Beautiful Act, que concentra reformulaciones a la normativa impositiva, las cuales dieron lugar a ajustes en los incentivos y programas de beneficios que alentaban la producción de biocombustibles basados en maíz, desprotegiendo a los pequeños productores en un momento crítico para el sector.
Por su parte, Logan se refirió a la discusión actual sobre la Farm Bill, dado que el mercado agrícola permanece regulado por una ley revisada por última vez en 2018 y que, ante los cambios drásticos que sufrió el panorama, abandona las demandas de los productores, que exigen protección ante los riesgos de quiebra y los desastres climáticos.
¿Te ha servido este artículo?
Recibe cada semana lo que de verdad importa
Análisis de energía, clima y naturaleza en tu correo. Gratis y sin spam.
