La Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que un tribunal federal de Alaska desestimó la demanda que organizaciones ambientalistas presentaron contra la decisión de Donald Trump de dar marcha atrás sobre las protecciones de áreas de la plataforma continental exterior. Dichas políticas habían sido establecidas por la administración Biden, meses antes de dejar el cargo, en 2024.
La decisión de Biden
En los últimos días de su gobierno, Joe Biden retiró más de 600 millones de acres de la plataforma continental exterior de la posibilidad de ser arrendados para explotarlos para el petróleo y el gas. En contracorriente, Trump decidió iniciar su mandato con una marcha atrás y revirtió esa decisión y habilitó que estas extensiones volvieran a ser consideradas en un futuro programa de arrendamiento conocido como de energía costa afuera.
Ante esto, un grupo de organizaciones ambientalistas presentó una demanda para impugnar el paso atrás de Trump con el argumento de que la consideraban ilegal y que podía generar daño ambiental inminente derivado de las tareas de exploración.
Rechazo a la protección ambiental en Alaska
El Departamento de Justicia informó que la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Alaska desestimó el caso presentado por los grupos ambientalistas por falta de legitimación activa de los demandantes. La jueza a cargo indicó que «no existían solicitudes pendientes de actividad de exploración en ninguna de las aguas fuera del Golfo de México occidental y central». Con estos fundamentos, el tribunal rechazó el pedido de los demandantes, señalando que no demostraron el riesgo sustancial de daño inminente que expusieron en el reclamo inicial.
Tras el fallo a favor de la decisión de Donald Trump, se desestimó la causa sin perjuicio, dejando abierta la posibilidad de una nueva presentación en el futuro por algún proyecto concreto.
Adam Gustafson, principal subprocurador general adjunto de la División de Energía y Recursos Naturales del Departamento de Justicia, escribió en la publicación oficial: «El tribunal desestimó correctamente el caso, porque no lograron demostrar el daño derivado de la reapertura de la plataforma continental exterior por parte del presidente Trump». Más adelante, añadió un mensaje para futuras acciones ambientalistas: «Dónde y cuándo ocurrirá el desarrollo energético depende de procesos regulatorios que todavía están en curso y deben poder continuar».
Todo se da también en medio de otra polémica por la intención de explorar hidrocarburos en Alaska, ya no en el mar, sino en tierra. Y es que el Departamento del Interior presentó una exclusión primaria que permite a las petroleras realizar estudios sísmicos y perforaciones exploratorias invernales en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska sin necesidad de contar con una revisión ambiental específica para cada uno de los proyectos a llevarse a cabo. A pesar de esto, aclararon que se respaldarían en otros estudios ambientales previos y no en los estudios particulares, con una clara intención de acelerar la exploración.
Más políticas en este sentido
Las actividades de la administración federal para potenciar la extracción de hidrocarburos en Alaska no quedan en estos movimientos judiciales. El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó recientemente a Alaska para participar en la conferencia anual de la Asociación de Petróleo y Gas, donde agradeció al estado en nombre de la administración Trump. En su presentación, dijo: «Gracias, Alaska. El mundo entero depende de sus recursos», y agregó que podría servir de un caso testigo de cómo las políticas federales pasadas podían frenar el desarrollo de recursos del estado.
Varios empresarios de Alaska concuerdan con la postura federal de Trump respecto al petróleo y al gas, tal como sucede con Mike Dunleavy, el gobernador del estado, quien afirmó que estas políticas representan el «resurgimiento de la actividad».
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