La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció hace menos de una semana el plan de regulación contra los centros de datos más estricto y completo del país. Se trata de una decisión que sigue una postura tajante del Estado contra estas instalaciones, las cuales representan un gran riesgo para el medio ambiente y la seguridad energética local. Sin embargo, resalta que esto no es suficiente para enfrentar esta problemática, por lo que exige apoyo federal.
Nuevo plan de regulación de Virginia
Mediante este nuevo plan de regulación, Virginia pone el foco en las principales problemáticas de los centros de datos: la falta de transparencia, la degradación ambiental y la presión energética. Entre las principales medidas de este marco regulatorio se encuentran la eliminación de los acuerdos de confidencialidad y la participación de la sociedad en la aprobación de los proyectos.
Así también ordenó la creación de estándares específicos de eficiencia energética, con el objetivo de regular el uso del agua, cuidar la estabilidad eléctrica de las comunidades y disminuir los niveles de contaminación. Además, aprobó la evaluación sobre el impacto acumulativo de sus operaciones de generación de respaldo que utilizan diésel u otros combustibles fósiles riesgosos para el medio ambiente.
Respecto a las responsabilidades, ordenó que cada empresa de servicios públicos otorgue una parte equitativa de los costos de transmisión y generación a los centros de datos y otros grandes consumidores. A esto se le suma una normativa que exige nuevos trámites burocráticos para cambios repentinos de demanda, lo que permitiría cuidar el bolsillo de los ciudadanos de los aumentos de tarifas.
Un mensaje para el Congreso
Si bien la gobernadora Abigail Spanberger está conforme con las nuevas regulaciones implementadas en Virginia, reconoce que el estado por sí solo no podrá alcanzar los objetivos esperados. Así lo advirtió durante una entrevista con WTOP News, donde aseguró que los estados tienen la capacidad de brindar ciertas protecciones, pero en realidad es el Gobierno federal el que debe establecer reglas a nivel nacional para que el alcance de las regulaciones sea aún mayor.
En esa línea, presiona al Congreso para que establezcan normativas más abarcativas, que puedan resguardar al país entero de las amenazas contra el empleo, el bolsillo de los ciudadanos y el impacto ambiental del rápido desarrollo de la IA. A través de una carta dirigida a los líderes, la mandataria demócrata instó a una rápida acción y la implementación de marcos regulatorios antes de que sea tarde.
«El impacto potencial de la IA es demasiado grande como para dejar la regulación de esta tecnología en manos de entidades privadas, especialmente cuando los ejecutivos de esas mismas empresas están dando la voz de alarma sobre los riesgos», reza la misiva. A través de este pedido, Spanberger busca la reacción de Washington, que actualmente está dividida por dos posturas completamente diferentes.
Sin ir más lejos, hace tan solo unas semanas, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, expresó durante una transmisión de la NBC que el Congreso no debería apresurarse a regular la inteligencia artificial, ya que pondría a EE. UU. en desventaja contra China en la carrera por la dominancia tecnológica.
La postura de Spanberger
La gobernadora de Virginia mantiene una postura firme respecto a los centros de datos. Por un lado, reconoce los riesgos ambientales, económicos y energéticos de estas instalaciones, pero, por el otro, sabe los beneficios que puede traer para la sociedad. Es por eso que no solicita frenar el desarrollo de la IA, sino que exige más regulaciones que permitan controlar la actividad, potenciando sus capacidades sin riesgos ambientales, altas tarifas para los ciudadanos ni presiones en la red eléctrica local.
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