Luego de que Abigail Spanberger diera a conocer su plan para reforzar la capacidad de generación de energía en Virginia y responder a la crisis desencadenada por la expansión de los centros de datos, Energy Right señaló que la estrategia pondría en riesgo una amplia cantidad de hectáreas agrícolas, y sugirió encontrar una solución conciliadora entre la ampliación de la infraestructura energética y la protección de la tierra.
El panorama energético en Virginia
A inicios de octubre, la gestión demócrata de Abigail Spanberger lanzó el «Virginia Energy Plan», proyecto que busca reconfigurar la matriz energética estatal de cara a responder al aumento récord de la demanda de electricidad con la incorporación de fuentes alternativas y más asequibles.
Virginia es el sitio con mayor concentración de centros de datos en EE. UU. y el mundo. Actualmente, el estado cuenta con 835 centros de datos en 251 campus, según CleanView. El desembarco de grandes firmas como Amazon, Microsoft, Google y Meta significó un impulso al sistema laboral local y el incremento de los beneficios fiscales.
Sin embargo, la creciente instalación de los servidores de la IA puso en jaque la red eléctrica estatal y evidenció la necesidad de modernización para consolidar la seguridad energética de la región. Con este objetivo, la gestión estatal presentó una estrategia basada en tres puntos centrales: el funcionamiento eficiente para garantizar la reducción de costos, el desarrollo de energía limpia y de fuentes locales.
Las autoridades hicieron hincapié en el despliegue de obras de infraestructura para la energía solar y el almacenamiento, que conllevarían el uso de hasta 277 mil acres. Al respecto, Jack Wilson, integrante de Energy Right, llamó la atención sobre el riesgo de que los proyectos avancen sobre el entorno natural y el suelo, y se relegue el derecho de los ciudadanos propietarios a conservar sus tierras.
En intercambio con Cardinal News, el experto señaló que «Virginia no tiene por qué elegir entre cubrir su belleza natural con paneles solares y renunciar al desarrollo de nuevas energías». En su lugar, propuso arribar a una planificación que encuentre un punto intermedio entre la protección de las tierras agrícolas y la demanda de nuevas fuentes de energía.
La estrategia de Virginia puede avanzar sobre los paisajes naturales
Wilson estimó que la cifra de 277 mil acres representaría el 1,5 % de las tierras agrícolas existentes y menos del 1 % de los bosques, «lo que supone un salto considerable si tenemos en cuenta que la energía solar ocupa apenas el 0,07 % de todas las tierras agrícolas de EE. UU. y solo el 0,23 % de las tierras agrícolas de Virginia».
Si bien reconoció que esa superficie es una estimación una hipotética y no una decisión final e irrevocable, el representante de Energy Right destacó la obligación de las autoridades de «reconocer los derechos de propiedad de los terratenientes» y no ejercer presión sobre la voluntad de los agricultores para que cedan sus parcelas a los proyectos tecnológicos.
En este sentido, pidió el establecimiento de normativas claras que respeten las decisiones y los derechos de propietarios y vecinos. «El Estado debe priorizar los terrenos adecuados, el desarrollo responsable, una revisión local significativa y, ante todo, respetar las decisiones de los terratenientes», insistió.
Para Wilson, la solución es encontrar un intermedio entre los intereses comunitarios y la necesidad de instalar capacidad solar para abastecer una red sobrecargada. «Debemos plantearnos preguntas sobre la cantidad de terreno que podría ocupar la energía solar, pero también sobre si podemos construir infraestructura respetando a propietarios y terrenos (…) Estos objetivos no son incompatibles», concluyó.
Consecuencias en la salud del suelo
Otra cuestión que también preocupa a las comunidades de las localidades del interior de EE. UU. es el impacto de la instalación de centros de datos en el suelo. Según el Lincoln Institute of Land Policy, los terrenos son cubiertos por acero, hormigón y superficies pavimentadas y quedan inhabilitados para el cultivo y la vivienda, dada su alteración estructural y el posible contacto con sustancias tóxicas industriales como los PFAS.
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