Este lunes 29 de junio, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) oficializó la normativa definitiva que establece por primera vez un sistema federal estandarizado para medir, reportar y verificar la intensidad del carbono de los cultivos agrícolas utilizados como materia prima para crear biocombustibles. En un paso clave para el desarrollo de la industria de biocombustibles limpios, el Registro Federal hizo oficial la medida que entrará en vigor el 29 de julio de 2026.
Detalles de la norma
La regla final de la USDA reemplaza una versión provisional publicada en enero de 2025 y tiene como objetivo medir la cantidad de gases de efecto invernadero que genera producir cada bushel de cultivo, reportar esa información de forma estandarizada a lo largo de la cadena de suministro y verificar que los datos sean reales a partir de la tarea de auditores independientes certificados.
A pesar de la aplicación y vigencia de la norma, ningún productor está obligado a participar, pero quienes sí lo hagan podrán acceder a un mercado privilegiado para sus granos, indicaron desde el Registro Federal de Estados Unidos para incentivar el cambio que mejoraría los estándares. Los cultivos que entran son el maíz de campo, la soja, el sorgo y la canola de primavera, agregada en la versión final gracias a los comentarios públicos de los interesados en colaborar en la medida de la USDA.
Gran paso para medir el carbono en cultivos de biocombustibles
El USDA publicó la primera regulación para medir cuánto dióxido de carbono emite la producción de cada cultivo agrícola destinado a fabricar biocombustibles. De esta forma, los productores agrícolas podrán demostrar, de forma oficial y con respaldo científico, que sus cultivos contaminan menos que el promedio nacional y les abrirá las puertas para vender esos granos a precios más altos en los mercados de consumibles limpios, que cada vez ganan más terreno en el mundo.
Desde la USDA impulsaron junto a la medida la llamada calculadora USDA FD-CIC, un modelo bioquímico que cumple con estándares a nivel mundial y que permite al productor ingresar datos de su campo y obtener resultados como la intensidad del carbono de ese cultivo, la cantidad de gramos de dióxido de carbono equivalente por bushel producido y más.
Para tener los mejores resultados de cuánto contamina, se debe ingresar la ubicación del campo, tipo de cultivo, superficie del lote, rendimiento real ajustado por humedad, rendimiento esperado, nitrógeno sintético aplicado por acre, uso de inhibidores de nitrificación, uso de estiércol animal, uso de labranza reducida o cero labranza y si se utilizaron cultivos de cobertura.
Además de la suma de la canola de primavera en la versión final de la normativa, también se incorporaron el estiércol, los inhibidores de nitrificación y se medirá la intensidad del carbono en lote y no en finca.
Sin embargo, desde Agricultura aclararon que esta norma no determinará por sí sola si un biocombustible califica para los créditos fiscales específicos, ya que la determinación final la tomará el Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas (IRS). Pero sin dudas abre paso a un sistema de cuantificación y verificación más sofisticado que posiciona al país como un referente técnico en materia de biocombustibles a nivel internacional.
El valor de la aplicación
Para finalizar, el Registro Federal y la USDA informaron que el costo estimado por cada actor puede ser variado y, a pesar de ser voluntario, significa un costo extra para los productores agrícolas. Solo en gestión de nitrógeno, sumará US$340 por año; para nitrógeno más una práctica adicional como labranza o cobertura, US$380 por año y, si se aplica estiércol, US$150 por año extra. Todos estos datos son estimados por el análisis de impacto regulatorio elaborado por el propio departamento.
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